La agrupación de tribunales estatales perdió su membresía tras una revisión sobre independencia judicial. La medida obtuvo 53 votos a favor, 13 en contra y cuatro abstenciones.
La Unión Internacional de Magistrados (UIM) expulsó a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) al considerar que su respaldo a la reforma judicial incumplió los principios de independencia y neutralidad política exigidos a sus integrantes.
El Consejo Central aprobó la medida el 17 de octubre de 2026, durante su 68.ª reunión anual en Lisboa, Portugal. La votación secreta registró 53 apoyos a la expulsión, 13 votos en contra y cuatro abstenciones. El resultado superó la mayoría de dos tercios requerida para excluir a un miembro.
La Conatrib agrupa a los poderes judiciales de las 32 entidades federativas. La encabeza Rafael Guerra Álvarez, también presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
El respaldo que abrió la revisión
El antecedente central es el pronunciamiento del 28 de junio de 2024. En los diálogos convocados en la Cámara de Diputados, Guerra apoyó la elección directa de ministros y la renovación por voto de jueces y magistrados. Su propuesta incluía una condición: aplicar el mecanismo gradualmente a las personas juzgadoras de nuevo ingreso para preservar la carrera judicial.
Durante el procedimiento de revisión, la Conatrib entregó un informe el 30 de junio de 2025. Argumentó que la reforma provenía del ejercicio de la soberanía popular y debía acatarse por mandato constitucional. Los relatores de Argentina y España designados por la UIM consideraron que esa explicación no resolvía las objeciones sobre independencia judicial.
Ya ante la asamblea, Guerra defendió haber privilegiado el diálogo sobre la confrontación, según El País. Su explicación tampoco convenció a la mayoría de las delegaciones.
Qué cuestionó la organización
Los estatutos de la UIM exigen que sus asociaciones sean independientes del Ejecutivo y del Legislativo y que promuevan la autonomía judicial. También permiten retirar la membresía cuando esas condiciones dejan de cumplirse. La decisión sobre Conatrib se sustentó en esa evaluación.
El cuestionamiento venía desde agosto de 2024. Entonces, la organización advirtió que convertir el voto popular en el criterio decisivo para nombrar jueces chocaba con una selección basada en capacidad profesional y criterios objetivos. También alertó sobre la terminación anticipada de los cargos de quienes ya ejercían.
La estabilidad en el puesto busca proteger a los juzgadores frente a presiones externas: que puedan resolver conforme a la ley sin temer una remoción injustificada. Esa garantía forma parte de la independencia que la UIM exige defender a sus integrantes.
El alcance de la expulsión
La UIM es una organización profesional que reúne asociaciones de jueces. Dentro de ese marco, la expulsión retira a Conatrib su membresía y representación. Por sí misma, la decisión no modifica la Constitución mexicana ni revoca nombramientos o sentencias; su efecto directo corresponde a la participación de la agrupación en esa organización.
Su reglamento admite una sola asociación o representación nacional por país. La salida abre la posibilidad de una nueva candidatura mexicana, pero cualquier ingreso debe pasar por el procedimiento de admisión y ser aprobado por el Consejo Central.
Una reforma bajo observación internacional
La Jufed, asociación de jueces y magistrados federales que se ha opuesto a la reforma, celebró la expulsión en un comunicado del 19 de octubre. Sostuvo que confirma sus advertencias sobre el riesgo de subordinación al poder político y defendió la independencia judicial como una garantía para la ciudadanía.
La discusión tiene otro antecedente: tras observar las elecciones judiciales de junio de 2025, la misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) desaconsejó reproducir ese modelo en otros países. Recomendó evaluar sus resultados y planteó que las reformas deben partir de diagnósticos técnicos, una discusión plural y una aplicación gradual.
Leídos en conjunto, ambos pronunciamientos mantienen abierto el debate sobre las garantías del nuevo sistema: cómo seleccionar juzgadores preparados y asegurar que sus decisiones respondan a la ley, incluso cuando incomoden al poder o a la mayoría. ⑧