El dictamen obtuvo 18 votos a favor y seis en contra. Las alertas se concentran en las obligaciones de las plataformas y la terminación del servicio a usuarios señalados como reincidentes.
La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó este 29 de septiembre una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que amplía las obligaciones de los proveedores de servicios de internet. El dictamen fue turnado al pleno: la aprobación en comisión todavía no significa que la reforma esté vigente.
La propuesta, conocida en el debate público como “ley antimemes”, abrió una discusión sobre el retiro de contenidos y la exclusión de usuarios de los servicios digitales. Organizaciones defensoras de derechos digitales advierten que las nuevas responsabilidades podrían llevar a las empresas a restringir publicaciones para evitar sanciones.
Qué cambia para las plataformas
La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea modificar el artículo 114 Octies y añadir los artículos 114 Nonies y 232 Septies. El gobierno la presenta como una medida para armonizar la protección de derechos de autor con los compromisos del T-MEC.
Uno de sus puntos centrales es exigir a los proveedores una política para terminar el servicio a infractores reincidentes. Además, contempla atribuirles responsabilidad cuando contribuyan, induzcan o causen una infracción de sus usuarios y tengan conocimiento de ella.
Artículo 19 cuestiona que esos términos carezcan de límites claros. Su advertencia es que las empresas podrían optar por vigilar y restringir la actividad de los usuarios ante el riesgo de ser consideradas responsables.
Del contenido retirado al usuario excluido
R3D, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, señala que la propuesta profundiza el mecanismo de notificación y retirada incorporado en 2020: una reclamación por presunta infracción puede provocar la eliminación de una publicación sin una resolución judicial previa.
La organización advierte que ese procedimiento ya ha sido utilizado para retirar información periodística y de interés público mediante reclamaciones infundadas.
El cambio relevante sería pasar de retirar una publicación específica a excluir a una persona del servicio. Según R3D, esto podría impedirle compartir contenidos futuros sin que una autoridad judicial haya determinado la infracción.
En términos prácticos, el incentivo resulta preocupante: cuando una empresa enfrenta consecuencias por mantener contenido cuestionado, puede preferir eliminarlo antes que evaluar cuidadosamente su contexto. Ese riesgo explica por qué la discusión también alcanza a medios, creadores y usuarios comunes.
¿Quedan prohibidos los memes?
El Economista reportó que la propuesta contempla multas para proveedores de hasta 40 mil UMA, aproximadamente 4.69 millones de pesos con el valor vigente en 2026. Esa cifra no representa una multa automática para cualquier usuario que publique un meme.
El riesgo señalado por las organizaciones es indirecto: una plataforma podría retirar sátiras, críticas o materiales informativos ante reclamaciones de derechos de autor, incluso cuando exista una discusión legítima sobre su utilización.
Sheinbaum rechazó que las reformas busquen impedir esas publicaciones y defendió la protección de la propiedad intelectual y el combate a la piratería.
Dos reformas bajo el mismo apodo
La etiqueta “ley antimemes” también se ha utilizado para otro proyecto discutido en el Senado, relativo al Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
Según el Canal del Congreso, esa propuesta contempla prisión por determinados usos de identidad gráfica o documentos oficiales a escala comercial, dirigidos a engañar con intención de cometer un ilícito. Esas disposiciones corresponden a otro proyecto y no deben confundirse con la reforma sobre intermediarios digitales aprobada en comisión de Diputados.
Lo que sigue
El siguiente paso del dictamen es su discusión en el pleno de San Lázaro. Artículo 19, R3D y SocialTIC han pedido desechar la iniciativa y abrir espacios de diálogo.
La cuestión de fondo es cómo proteger los derechos de los autores sin convertir a las empresas digitales en filtros que restrinjan publicaciones legítimas. Para evaluar la reforma será decisivo precisar quién determina una infracción, cómo puede defenderse el usuario y qué garantías existen antes de retirarle el servicio. ⑧


