Una exalumna acusa a siete miembros de la fraternidad Chi Phi de haberla agredido sexualmente en 2024. Tras una demanda civil presentada este mes, la fiscalía de Nueva York reabrirá la investigación, que hasta ahora no ha derivado en cargos penales.
Una denuncia presentada casi dos años después de los hechos ha reabierto una investigación penal en torno a la fraternidad Chi Phi de la Universidad Cornell, en Estados Unidos. Una exestudiante sostiene que siete de sus integrantes la drogaron y agredieron sexualmente durante varias horas en octubre de 2024. Las acusaciones forman parte de una demanda civil contra los jóvenes, la universidad y otras organizaciones. Por ahora, las alegaciones no han sido probadas en un tribunal penal.
El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, anunció el 28 de septiembre que volverá a examinar el caso y presentará las pruebas ante un gran jurado, que decidirá si hay elementos para formular cargos. La decisión llega después de que la demanda atrajera atención pública sobre la respuesta inicial de las autoridades y de Cornell.
Lo que relata la demanda
La mujer, que tenía 20 años cuando ocurrieron los hechos, afirma que llegó a la casa de Chi Phi la noche del 19 de octubre de 2024 después de haber consumido alcohol. Según su demanda, dos integrantes de la fraternidad la presionaron para consumir drogas y comenzaron a agredirla sexualmente cuando ya no estaba en condiciones de dar su consentimiento. La denuncia sostiene que otros miembros se sumaron más tarde y que las agresiones continuaron hasta la madrugada.
El expediente incluye mensajes de un grupo de Snapchat que, de acuerdo con la demandante, fueron utilizados para alertar a otros miembros de la fraternidad sobre su presencia en una habitación. Esos mensajes son una pieza de la demanda, pero su alcance como prueba penal aún tendrá que ser evaluado por las autoridades.
La exestudiante denunció lo ocurrido ante la policía universitaria semanas después. Cornell abrió una investigación interna y prohibió las actividades del capítulo de Chi Phi, que permanece apartado del campus. La universidad afirma que su proceso concluyó con sanciones que incluyeron expulsiones y suspensiones. También rechaza que algunos involucrados hayan recibido únicamente la obligación de escribir ensayos, como ha señalado el abogado de la demandante.
¿Por qué se reabre el caso?
La fiscalía decidió en 2024 no presentar cargos. Van Houten sostiene que la declaración que la joven dio entonces a la policía universitaria difería de lo expuesto ahora en la demanda respecto del consumo de sustancias y el consentimiento. Su abogado, Thomas Giuffra, disputa esa interpretación y cuestiona que la investigación inicial no haya profundizado en las pruebas disponibles.
La nueva revisión tampoco equivale a una acusación formal. El gran jurado examinará la información para determinar si procede presentar cargos. Por separado, seguirá su curso la demanda civil, con la que la exalumna busca que los demandados respondan por los daños que afirma haber sufrido. Un abogado de uno de los siete jóvenes niega que su cliente haya cometido una agresión sexual y sostiene que su participación se limitó a un comentario inapropiado en el chat.
El caso deja dos cuestiones bajo escrutinio: qué ocurrió aquella noche y cómo respondieron las instituciones cuando la estudiante presentó su denuncia. Las sanciones universitarias y la investigación penal son procesos distintos; la reapertura permitirá revisar si la primera decisión de no llevar el caso ante un gran jurado se tomó con toda la información pertinente. ⑧