La reciente elección judicial en México ha generado preocupación en organismos internacionales. La OEA emitió una recomendación contra replicar este modelo en América Latina, mientras que el gobierno mexicano y la presidenta Claudia Sheinbaum rechazan el informe.
La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un informe preliminar el 6 de junio, donde advirtió que no es recomendable replicar en otros países de América Latina el modelo mexicano de elección directa de jueces. Entre sus observaciones, destacó la baja participación ciudadana (alrededor del 13 %) y la complejidad técnica del proceso, en el cual algunos de los votantes recibieron hasta 13 boletas distintas.
Además, la misión señaló que este modelo podría inducir al error o favorecer prácticas como el uso de “acordeones”, es decir, listas impresas con los nombres sugeridos por partidos o grupos políticos para votar por candidatos específicos.
El 7 de junio, el gobierno mexicano rechazó el informe, calificando las observaciones como una extralimitación de funciones por parte de la OEA. En un comunicado, la administración federal defendió la elección judicial como un mecanismo democrático aprobado mediante una reforma constitucional legítima.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, también se pronunció en contra del informe, asegurando que la OEA no tiene atribuciones para opinar sobre reformas internas de un país soberano y acusando al organismo de asumir una postura parcial.
La elección judicial celebrada el 1 de junio de 2025 marcó un parteaguas en la historia institucional de México. Promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma plantea que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular. Esta medida, argumentó el oficialismo, tiene como fin combatir la corrupción, mejorar la rendición de cuentas y legitimar al Poder Judicial.
No obstante, diversas voces desde la academia, organismos internacionales y la sociedad civil han advertido que someter al Poder Judicial a procesos electorales lo expone a intereses partidistas, socava su independencia y puede derivar en un debilitamiento del Estado de Derecho.
A pesar de que Morena y sus aliados obtuvieron la mayoría de los cargos en juego, la legitimidad del proceso ha sido cuestionada por la baja participación ciudadana y la presencia de estructuras partidistas operando el voto con “acordeones”.
Expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) han advertido que trasladar la lógica electoral al sistema judicial puede comprometer la imparcialidad de los juzgadores y generar una justicia sometida a intereses políticos.
A la espera del cómputo final y la entrega oficial de constancias, la elección judicial en México ya ha generado un debate internacional sobre los límites de la democracia directa. La OEA, aunque sin capacidad vinculante, puso el reflector sobre un modelo que muchos ven como un experimento arriesgado para la región.
El caso mexicano será tema obligado en las próximas reuniones de organismos multilaterales, y las autoridades nacionales enfrentan el reto de demostrar que esta transformación estructural no debilitará los contrapesos constitucionales ni la independencia judicial.
Mientras los nuevos integrantes del Poder Judicial se preparan para asumir funciones, el caso mexicano se convierte en un precedente regional que podría definir el rumbo de la justicia en América Latina. La tensión entre legitimidad democrática y autonomía judicial está lejos de resolverse. ⑧