Durante el Festival de las Velas, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado a tiros frente a decenas de personas. El crimen, ocurrido pese a un esquema de protección federal, ha desatado una ola de enojo en Michoacán y cuestionamientos sobre la seguridad en México.
El 1 de noviembre de 2025, mientras inauguraba el tradicional Festival de las Velas en el centro histórico de Uruapan, Michoacán, el alcalde Carlos Manzo Rodríguez fue atacado a balazos. Las detonaciones interrumpieron la ceremonia y provocaron pánico entre los asistentes.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad federal, Manzo contaba con protección desde diciembre de 2024, reforzada meses después. Aun así, los agresores aprovecharon la visibilidad del evento público para acercarse y abrir fuego. Uno de ellos fue abatido en el sitio y dos personas fueron detenidas, según confirmaron autoridades a la prensa internacional.
Manzo, de 40 años, era alcalde independiente desde septiembre de 2024 y se había ganado fama por su postura frontal contra el crimen organizado. En reiteradas ocasiones denunció la falta de respaldo del Gobierno estatal y federal, y pidió reforzar la seguridad en la llamada tierra del aguacate, una región donde los grupos criminales compiten por el control de la producción y las rutas.
Durante el operativo posterior al ataque, las fuerzas de seguridad confirmaron que uno de los presuntos agresores fue abatido en el lugar tras intentar huir entre la multitud, mientras que otros dos hombres fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Regional de Uruapan.
De acuerdo con reportes preliminares, los detenidos fueron asegurados con armas cortas y un vehículo presuntamente utilizado en el ataque. Las autoridades federales analizan sus posibles vínculos con grupos criminales que operan en la región, y no se descarta que hayan actuado bajo encargo. El nombre del atacante abatido no ha sido revelado oficialmente, en espera de los resultados de identificación forense.
El asesinato reavivó el debate sobre la eficacia de las estrategias de protección a autoridades municipales. “No habrá impunidad”, aseguró el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, al anunciar la creación de un grupo especial de investigación. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el ataque y convocó al Gabinete de Seguridad, prometiendo justicia y coordinación con el gobierno estatal.
Pero la indignación ciudadana ya había desbordado los canales oficiales. En el funeral de Manzo, celebrado el 2 de noviembre, miles de habitantes acompañaron el cortejo entre veladoras y carteles que exigían justicia. Cuando llegó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, los asistentes lo recibieron con gritos de “¡asesino!” y “¡fuera!”, obligándolo a salir del lugar escoltado.
En su turno al micrófono, la viuda de Manzo, Grecia Quiroz, tomó la palabra con voz entrecortada ante la multitud y dijo: «Aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha. No la apagarán porque seguiremos su legado, porque seguiremos luchando junto con el movimiento del sombrero, junto con la ciudadanía… que está cansada de tanta violencia». Sus palabras resonaron entre los asistentes que pedían justicia.
La escena fue un termómetro social: la desconfianza hacia las instituciones se ha vuelto parte del duelo. Uruapan llora a su alcalde y el país entero reclama por la ausencia del Estado.
En los próximos días se espera que la Fiscalía General de la República presente avances del caso, mientras el Congreso local discute la designación de un alcalde sustituto. Sin embargo, más allá de los comunicados, el mensaje ciudadano fue claro: en Michoacán, la violencia política sigue costando vidas, y la paciencia social está al límite. ⑧