Don Nico murió denunciando un bache. La ejecución de un vendedor de helados que exigía mejores caminos expone el costo de alzar la voz en comunidades olvidadas por el Estado.
El 7 de octubre, José Guadalupe Casas Rodríguez —conocido en su comunidad como Don Nico— caminaba por una carretera destrozada de Salvatierra, Guanajuato, transmitiendo en vivo por Facebook. Mostraba los baches, señalaba con la voz los tramos más peligrosos y hablaba de una colecta vecinal para repararlos. Minutos después, fue atacado a balazos por dos hombres en motocicleta.
Según reportes, los impactos perforaron la pelvis, el glúteo y la pierna; dos de las balas salieron del cuerpo, provocando lesiones múltiples. Fue trasladado al Hospital General de Celaya, donde permaneció en estado grave durante cuatro días. El 11 de octubre, el gobierno municipal de Salvatierra confirmó oficialmente su muerte.
La respuesta institucional fue inmediata… pero simbólica: enviaron cuadrillas a tapar los baches. Ni un detenido, ni una línea clara de investigación, ni garantías para quienes alzan la voz en un país donde ejercer ciudadanía puede costar la vida.
Durante la transmisión se alcanzó a oír su voz, temblorosa y herida, diciendo:
“Ya me mataron… cuida a mis hijos…”
El video fue reproducido miles de veces en redes sociales. La noticia escaló de lo local a lo nacional. Pero la brutalidad no necesitaba viralizarse para ser clara: Don Nico fue asesinado por denunciar un bache.
Don Nico no era activista profesional ni político. Vendía helados en Urireo, cuidaba a su familia y, desde hacía meses, se había convertido en un “reportero de la calle”: documentaba baches, filtraciones de agua, fallas del alumbrado. Había comenzado una colecta para tapar el tramo de carretera más dañado. En sus transmisiones, señalaba los montos donados, agradecía a los vecinos y exigía que las autoridades hicieran su parte.
Según La Jornada, había exhortado a los ejidatarios a que cuidaran los canales de riego para que el agua no siguiera destruyendo el pavimento. Su sobrina, Gabriela García Casas, escribió tras su muerte:
“Si lo único que hacías era mejorar el pueblo…”
No hay antecedentes de amenazas directas, aunque medios como Sin Embargo reportaron que la familia recibió llamadas de extorsión semanas antes del ataque.
El gobierno municipal de Salvatierra calificó el ataque como “cobarde” y aseguró que el caso no quedará impune. Sin embargo, al cierre de esta edición no hay personas detenidas ni responsables identificados. El alcalde José Daniel Sámano Jiménez informó que existen “varias líneas de investigación”, una de ellas vinculada a las actividades públicas de Don Nico.
Mientras tanto, los baches fueron tapados. Las cuadrillas llegaron al lugar que él había denunciado en vida. El acto pareció más una respuesta al escándalo que una política de atención real.
El asesinato de Don Nico revela hasta qué punto la vida ciudadana en muchas regiones de México se mueve entre el abandono del Estado y la amenaza criminal. Su caso es la prueba de que cualquier persona con un teléfono y una denuncia puede volverse blanco. No hay escudos para los que reclaman lo mínimo: una calle segura, una autoridad que escuche, un servicio que funcione.
La impunidad refuerza el miedo. El crimen, lejos de investigarse con urgencia, se diluye entre declaraciones sin seguimiento y promesas de justicia que rara vez se cumplen. Cuando la única consecuencia concreta de una denuncia es la muerte del denunciante, el mensaje social se vuelve perverso: mejor callar.
La reacción institucional también desnuda una lógica peligrosa. Las reparaciones no llegaron porque se solicitó formalmente, ni porque la carretera fuera prioritaria, sino porque alguien murió mostrándola. En este país, a veces el pavimento se arregla con sangre.
Según datos de Artículo 19, entre 2018 y 2024 se registraron más de 3,400 agresiones contra periodistas, además de 46 asesinatos y cuatro desapariciones. A eso se suman múltiples casos de ciudadanos agredidos por visibilizar abusos, negligencias u omisiones de autoridades locales. Aunque Don Nico no era periodista, cumplía con una función esencial: vigilar al poder.
Este caso no puede taparse con condolencias ni con asfalto. La pregunta no es sólo quién mató a Don Nico, sino porque querían callar su voz. ⑧