Con una inversión conjunta de 693 millones de dólares y obras adelantadas hasta cuatro años, México y Estados Unidos buscan detener el flujo diario de 50 millones de galones de aguas negras que contaminan el Pacífico.
El 24 de julio de 2025, en la Ciudad de México, el administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Lee Zeldin, y el director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Efraín Morales López, suscribieron un memorando de entendimiento para erradicar la crisis histórica de descargas de aguas residuales en la cuenca del Río Tijuana.
El acuerdo prevé una aportación total de 693 millones de dólares para la expansión y modernización de plantas de tratamiento, así como para la construcción de colectores que canalicen los efluentes hacia instalaciones adecuadas.
Por parte de México, se destinarán 93 millones de dólares a la ampliación de la planta San Antonio de los Buenos, que pasará de procesar 23 a 46 millones de galones diarios (MGD), y a la instalación de colectores secundarios que conduzcan las aguas negras al sistema principal de tratamiento. Estados Unidos, en tanto, invertirá en la planta fronteriza de San Diego (PBSA) para aumentar su capacidad de 25 a 35 MGD antes de agosto de 2025, y apoyará la posible instalación de un emisor submarino para verter los efluentes tratados mar adentro.
Aunque estas obras estaban programadas inicialmente para concluir en 2030, el pacto binacional adelanta varios proyectos para completarlos entre 2026 y 2027, es decir, hasta cuatro años antes de lo previsto. La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) supervisará el avance de los trabajos, mientras organizaciones civiles demandan transparencia en el manejo de los recursos y la rendición de cuentas.
La complejidad del proyecto radica en la topografía accidentada de la región fronteriza y en la coordinación de permisos ambientales en dos jurisdicciones. De acuerdo con expertos en ingeniería hidráulica, los cruces de ductos en terrenos mixtos y la liberación oportuna de fondos son factores clave para evitar retrasos. México debe certificar el desembolso de sus 93 millones, mientras Estados Unidos articula avales financieros a través del Banco de Desarrollo de América del Norte.
El impacto previo era alarmante: hasta 50 MGD de aguas sin tratar llegan al océano Pacífico, provocando niveles de enterococos que obligaban al cierre de playas como Imperial Beach hasta 200 días al año. Con la operación plena de las plantas modernizadas, se espera una reducción drástica de materia fecal y patógenos en el litoral, lo que favorecerá la recuperación de manglares, estuarios y la reapertura de zonas recreativas.
Durante la firma del acuerdo, Lee Zeldin aseguró: “Este pacto demuestra que podemos resolver problemas compartidos con voluntad política y cooperación técnica”.
El verdadero desafío, sin embargo, será gestionar de manera eficiente los lodos generados, controlar olores y desplegar sistemas de monitoreo en tiempo real para garantizar que la calidad del agua cumpla con estándares internacionales.
Para finales de 2025, la CILA presentará un informe público de avance que establecerá un precedente de rendición de cuentas y ofrecerá a la sociedad civil un mecanismo de vigilancia. De no mediar retrasos, el Río Tijuana podría convertirse en un modelo de restauración sostenible en cuencas compartidas por dos naciones. ⑧