Este domingo 1 de junio de 2025, México se convertirá en el primer país del mundo en elegir por voto popular a los integrantes del Poder Judicial federal. Esta es la crónica de un proceso inédito.
La jornada, que forma parte de la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, marca un giro radical en el diseño institucional del país y ha despertado fuertes debates tanto a nivel nacional como internacional. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Cómo se eligieron? ¿Qué se va a definir? ¿Por qué se ha generado tanta controversia?
La ciudadanía mexicana podrá elegir este domingo:
- 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
- 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
- 15 magistraturas de Salas Regionales del TEPJF,
- 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial,
- 464 magistraturas de circuito,
- 386 juzgados de distrito.
En paralelo, 19 entidades federativas celebrarán elecciones locales para renovar alrededor de 1,700 juzgados y magistraturas. En algunos casos, la ciudadanía recibirá hasta 13 boletas distintas en su casilla electoral.
La elección es producto de la reforma constitucional propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y avalada por el Congreso y 20 legislaturas estatales en septiembre de 2024. La reforma eliminó el mecanismo de designación de jueces y magistrados por parte del Ejecutivo y el Senado, e instauró un modelo de elección directa por voto popular para un periodo fijo, sin posibilidad de reelección.
Entre otras medidas, la reforma también redujo el número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9, creó el Tribunal de Disciplina Judicial y estableció criterios de elegibilidad y procesos de revocación de mandato para juzgadores. El nuevo modelo ha sido defendido por el gobierno de Claudia Sheinbaum como un avance en la democratización del poder judicial y una vía para erradicar el nepotismo y la corrupción.
Una elección en medio de controversias
La implementación del nuevo sistema ha estado lejos de ser tersa. Desde el principio, el proceso enfrentó señalamientos por su improvisación. El Comité de Evaluación del Poder Judicial, encargado de revisar y filtrar las candidaturas, renunció antes de concluir su labor. En su lugar, el Senado optó por un mecanismo de insaculación —una «tómbola judicial»— para definir qué aspirantes aparecerían en las boletas, una decisión que fue calificada por varios analistas como opaca y carente de rigor técnico.
El sorteo se realizó en sesiones transmitidas en vivo, donde las esferas con los nombres de los aspirantes fueron extraídas al azar por legisladores de Morena. Las críticas no tardaron: se denunciaron retrasos, errores en la paridad de género, ausencia de la oposición en las sesiones y la inclusión de perfiles sin experiencia jurídica o con vínculos políticos y empresariales.
Los perfiles: de académicos a improvisados
Entre los más de 5,000 aspirantes inscritos en todo el país, hubo desde juristas reconocidos y académicos con trayectoria judicial, hasta personas sin antecedentes en el sistema de justicia, adultos mayores que superan la edad de retiro y otros con antecedentes penales o conflictos de interés no resueltos.
La opacidad en los criterios de evaluación y el uso de formularios genéricos por parte de algunos aspirantes durante sus comparecencias generó una ola de indignación en redes sociales. La preocupación principal: la idoneidad y legitimidad de los futuros juzgadores.
Críticas internacionales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó en 2024 su preocupación por la posible pérdida de independencia judicial. Señaló que el nuevo modelo podría abrir la puerta a presiones políticas sobre los jueces y afectar el derecho de acceso a una justicia imparcial. Organismos como Human Rights Watch, el International Commission of Jurists y Amnistía Internacional también manifestaron inquietudes similares.
Desde la ONU, el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, señaló que el modelo mexicano pone en riesgo el principio de separación de poderes si no existen salvaguardas claras para evitar que los jueces electos respondan a intereses políticos o electorales.
Acordeones y propaganda
A pocos días de la elección, comenzaron a circular en redes sociales y espacios públicos miles de volantes conocidos como «acordeones», con instrucciones precisas de cómo votar y por qué candidatos elegir. Estos materiales impresos, de apariencia oficial, han sido distribuidos en plazas, calles, centros de trabajo y hasta en instituciones educativas, principalmente en estados gobernados por Morena.
Organizaciones civiles y medios de comunicación han documentado la entrega sistemática de estos volantes, que promueven a aspirantes afines al partido en el poder. Aunque el Gobierno Federal no ha reconocido su autoría, diversas voces acusan una operación de propaganda disfrazada de orientación electoral. La falta de transparencia sobre quién financia y distribuye estos materiales ha generado inquietud entre observadores electorales.
Este fenómeno ha intensificado la discusión sobre la posible intromisión del Ejecutivo en un proceso que, se suponía, debía fortalecer la independencia del Poder Judicial. El Instituto Nacional Electoral ha aprobado medidas cautelares para evitar la distribución masiva de esta propaganda, aunque permite que cada ciudadano lleve sus propias anotaciones al momento de votar.
A unas horas de la elección, diversas voces dentro de la academia, organizaciones civiles y exministros de la Suprema Corte han llamado a la abstención. Argumentan que participar en el proceso validaría un modelo que consideran regresivo y peligroso para la autonomía judicial.
José Ramón Cossío, exministro de la SCJN, declaró: “La legitimidad no se obtiene solo con votos, sino con instituciones fuertes. Esta elección no garantiza ninguna de las dos.”
Otros juristas han señalado que el proceso, al ser tan reciente, no dio tiempo suficiente para un debate profundo ni para una preparación institucional sólida. Aseguran que, en estas condiciones, la reforma puede derivar en un sistema judicial más vulnerable.
Desafíos para el INE
El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta un reto técnico y operativo sin precedentes. Con más de 2,600 cargos en disputa y múltiples boletas en circulación, el organismo ha advertido sobre posibles retrasos y confusión entre los votantes. A pesar de los esfuerzos de capacitación y difusión, se anticipa una baja participación, lo que podría afectar la legitimidad de los ganadores.
Riesgos de un poder judicial sometido
Diversos expertos han advertido que un poder judicial sin independencia puede convertirse en un instrumento de represión o en un aliado de intereses políticos o criminales. Según un informe del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), los países donde el nombramiento de jueces responde a cuotas partidistas o presión de grupos de poder tienden a tener mayores índices de impunidad, persecución judicial y corrupción sistémica.
Diego García-Sayán, relator de la ONU, alertó en su último informe que “cuando el poder judicial carece de garantías reales de autonomía, se vuelve susceptible no solo a la captura política, sino también a la infiltración del crimen organizado”.
En México, organizaciones como México Evalúa y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM han reiterado que la debilidad institucional, unida a la violencia estructural, podría permitir que redes delictivas influyan en procesos judiciales clave, sobre todo en regiones donde el Estado tiene menor presencia.
De materializarse estos riesgos, las consecuencias no solo se traducirían en resoluciones judiciales injustas, sino en una erosión grave de la confianza ciudadana en la justicia, un aumento en la violencia por impunidad y una regresión democrática.
El día después
A diferencia de procesos electorales anteriores, el Instituto Nacional Electoral (INE) no publicará resultados preliminares inmediatos. No se utilizará el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) ni habrá conteo rápido. En su lugar, se realizarán cómputos distritales por etapas a lo largo de varios días.
El calendario oficial establece que los resultados definitivos comenzarán a conocerse a partir del 3 de junio para los cargos de mayor jerarquía, como ministras y ministros de la SCJN, y se extenderán hasta el 10 de junio para juzgados de distrito. Además, los resultados quedarán sujetos a verificación de requisitos legales, como paridad de género y elegibilidad.
Los cargos electos deberán tomar protesta el 1 de septiembre. Para entonces, México podría tener una nueva arquitectura judicial, con jueces elegidos por voto directo pero con un origen que sigue siendo motivo de disputa.
La incógnita principal: ¿serán más justos, más independientes o simplemente más expuestos a la política e intereses oscuros? ⑧