En 2024, el estado registró 32 ataques contra periodistas y ocupó el quinto lugar nacional, según el informe anual de Artículo 19.
El ejercicio del periodismo en Guanajuato se enfrenta a un entorno cada vez más hostil. Durante 2024, el estado se colocó como el quinto con más agresiones contra periodistas en México, al registrar 32 incidentes documentados, de acuerdo con el informe Barreras Informativas de la organización Artículo 19.
A nivel nacional, se reportaron 639 agresiones contra la prensa, lo que representa un aumento del 13.9% respecto a 2023. En promedio, se cometió una agresión cada 14 horas en el país. Casi la mitad de estos ataques (44.91%) fueron atribuidos directamente a autoridades gubernamentales de distintos niveles.
Uno de los casos más estremecedores ocurrió en Guanajuato: el asesinato del periodista Kristian Uriel Martínez Zavala, en el municipio de Silao. Su muerte fue uno de los cinco homicidios de periodistas registrados en México durante el año.
La UNESCO condenó públicamente este crimen, reiterando la necesidad de garantizar la protección de comunicadores y combatir la impunidad que rodea estos hechos.
Frente a este panorama, el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato reportó haber implementado 54 medidas de protección en 2024, beneficiando a 30 personas entre periodistas y activistas.
No obstante, Artículo 19 advierte que estas medidas siguen siendo reactivas y limitadas, y demanda una mejor coordinación entre las autoridades estatales y federales, así como la aplicación efectiva del Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
Además de agresiones físicas, los periodistas en Guanajuato enfrentan hostigamiento judicial, campañas de estigmatización, amenazas y vigilancia, según lo documentado por Artículo 19. Estas acciones crean un ambiente de miedo, autocensura y vulnerabilidad, afectando no solo a quienes ejercen el periodismo, sino también al derecho de la sociedad a estar informada.
“La violencia contra la prensa no solo silencia voces, también erosiona la democracia”, señala el informe de Artículo 19.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión coinciden: es urgente que el Estado mexicano asuma su responsabilidad para garantizar condiciones seguras para el trabajo periodístico.
Esto incluye investigar y sancionar a los responsables, prevenir nuevas agresiones y crear un entorno que fomente la libertad de prensa como base del sistema democrático. 🎱