¿Tienes un celular en México? Si la respuesta es sí, entonces prepárate, porque la presidente Claudia Sheinbaum ha enviado una iniciativa de reforma constitucional al Congreso para intentar revivir la fracasada operación que su antecesor no pudo concretar en su mandato: la creación de un padrón de usuarios de telefonía móvil. Sin embargo, en esta ocasión, las probabilidades de que la oposición impida nuevamente su aprobación son casi nulas, pues todos sabemos del control mayoritario que la presidenta tiene sobre el Poder Legislativo.
Si lo logra, los mexicanos que seamos titulares de una línea de telefonía celular deberemos registrarla con nuestro CURP o INE. De lo contrario, y de acuerdo con la iniciativa, la sanción será la cancelación de la línea. En pocas palabras, será obligatorio; de lo contrario, adiós al derecho de tener un número de celular móvil.
El argumento
Nuevamente, el gobierno de Sheinbaum presenta como justificación de esta iniciativa—al igual que lo hicieron López Obrador y Felipe Calderón—el combate a los delitos de extorsión telefónica y secuestro. La idea es que, al vincular cada línea telefónica con una persona identificable, se dificultará el uso de teléfonos desechables para estas y otras actividades delictivas.
Pero esta supuesta intención de combatir los delitos mencionados ya la vivimos en dos sexenios anteriores. En 2009, con Calderón, se creó el famoso Renaut (Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil), que supuestamente ayudaría a combatir la inseguridad. Sin embargo, el proyecto presentó varios problemas: no existió un mecanismo que garantizara la autenticidad de los datos registrados, muchas personas usaron identidades falsas o datos de terceros para registrar sus números, y tampoco se implementaron medidas eficaces para proteger la base de datos. Como resultado, el Renaut fue un rotundo fracaso: no logró reducir los delitos y, peor aún, la información de los usuarios fue filtrada y vendida en el mercado negro y en sitios de internet, exponiendo los datos personales de millones de mexicanos y aumentando el riesgo de fraudes y robo de identidad. Finalmente, en 2012, el Renaut fue cancelado.
En 2021, AMLO intentó revivirlo con el Panaut, pero al estilo Morena, copiando la versión de la administración neoliberal previa. Afortunadamente, hace cuatro años aún existían contrapesos que frenaban los intentos del Ejecutivo y sus aliados por imponer medidas antidemocráticas y autoritarias. La SCJN no tardó en tumbar la iniciativa, pues la violación de la privacidad de los ciudadanos era evidente e imposible de justificar jurídicamente.
Ahora, en un segundo intento obradorista, Claudia Sheinbaum vuelve a poner sobre la mesa la misma iniciativa. La diferencia es que, en esta ocasión, su recién creada Agencia de Transformación Digital será la responsable de administrarla. Pero ahora ya no tenemos un INAI ni una SCJN que protejan la privacidad de nuestros datos frente a este nuevo intento de obtenerlos. Es decir, ya no existen los contrapesos que sí hubo en 2021.
Nuestros datos personales en peligro
Dentro de la iniciativa de la presidente se establece la creación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual dará facultades a las instituciones de seguridad para obligar a las compañías de telefonía celular a registrar y administrar los datos personales y biométricos de sus usuarios. Posteriormente, esta información estará a disposición de las mismas instituciones de seguridad pública sin necesidad de una orden judicial.
¿Cuál es el problema aquí? Además de que la creación de un padrón con información personal de los usuarios representa un riesgo en sí mismo, lo verdaderamente preocupante es quién tendrá acceso y control sobre esa información y qué uso le dará.
Antes, teníamos contrapesos que podían frenar posibles abusos en este tipo de operaciones. Pero ahora, con el INAI extinto tras las reformas de Morena y una Suprema Corte debilitada, a diferencia del escenario de 2021 con López Obrador, hoy no tenemos garantías de que las bases de datos no serán utilizadas con fines políticos o de espionaje.
Solo para que el lector se haga una idea, estos algunos de los países donde se han implementado estrategias similares de generación de bases de datos de usuarios de telefonía celular: Afganistán, Arabia Saudita, China, Omán, Pakistán, Tayikistán, Uganda y Venezuela, por mencionar algunos. Está claro que son gobiernos absolutistas los que han diseñado esta forma de dominio de la información para fines políticos.
Y para ponerle la cereza al pastel en el tema de la pérdida de contrapesos, nuestros amigos de Morena han cambiado también las reglas del juego en el juicio de amparo, limitando sus efectos generales. ¿Qué significa esto? Que, si alguien logra frenar la creación de este padrón en tribunales, la protección aplicará únicamente para esa persona y no para todos los mexicanos.
En pocas palabras, si en esta ocasión Claudia y todo su equipo de la 4T logran que el padrón de celulares avance, no habrá quien pueda frenarlo. Será imposible.
Usted y yo pagaremos la cuenta
De acuerdo con el hoy extinto IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones), en México, en 2024, había 144.8 millones de líneas móviles activas. Registrar y administrar esta base de datos no será gratis ni barato. Un ejemplo de esto: en 2021, cuando AMLO intentó (y fracasó) crear el Panaut, el costo estimado para operar el registro fue de 700 millones de pesos.
Ahora, el costo de este nuevo padrón será trasladado a las empresas de telefonía celular, que, además de recabar los datos, deberán administrarlos y almacenarlos. Esto implica una inversión de millones de dólares en servidores que puedan soportar estas nuevas obligaciones impuestas por el gobierno. ¿Y quién cree usted que terminará pagando todo esto? Exacto: no serán las empresas de telefonía celular. Seremos los mismos usuarios.
Claro y de frente: Es impresionante que, aunque estos intentos de abuso de poder no son nuevos —pues en otros países ya existen y hace cuatro años un dictador en potencia intentó implementarlos— tanto el bloque opositor como la sociedad civil nos mantengamos callados. Algunos muestran destellos de resistencia, pero estos se desvanecen y quedan en el olvido.
La apatía, la indiferencia y la ignorancia ya no son un lujo que los ciudadanos podamos permitirnos. Los focos rojos están ahí. Cuando sea demasiado tarde, los reclamos por injusticias y violaciones de derechos serán en vano. Hoy, tenemos ante nosotros el intento de Sheinbaum, con un sistema de justicia sin contrapesos, y nadie podrá detenerla. Y cuando llegue el momento de preguntarnos: “¿Ahora quién podrá defendernos?”, ni el Chapulín Colorado podrá hacerlo. La respuesta será simple: nadie.
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