El exfiscal dejó el cargo en mayo y enfrenta una orden de captura emitida en octubre. Su presunto papel como enlace con agentes estadounidenses es parte de la investigación.
Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, continúa prófugo mientras avanzan las investigaciones sobre el operativo de El Pinal, donde se desmantelaron instalaciones para fabricar drogas sintéticas. Los reportes publicados este 25 de octubre mantienen al exfuncionario como uno de los mandos buscados por las irregularidades atribuidas al despliegue.
El caso estalló tras un accidente carretero en el que murieron dos agentes estadounidenses y dos funcionarios estatales cuando regresaban del operativo en abril.
Su salida de la Fiscalía ocurrió meses antes de que un juez ordenara detenerlo. La institución confirmó su renuncia el 13 de mayo, después de abrirle un procedimiento administrativo por una posible omisión relacionada con el operativo. La orden de aprehensión fue emitida el 16 de octubre: ambos momentos corresponden a etapas distintas del caso.
Qué se investiga sobre su relación con la CIA
Un reportaje de El País, publicado el 23 de octubre con información de fuentes cercanas al expediente, señala a Zuany como quien habría facilitado la presencia habitual de cuatro agentes de la CIA en actividades de capacitación y planeación de la Fiscalía. El diario también describe imágenes de los estadounidenses con armas y uniformes de fuerzas estatales antes del despliegue.
El informe preliminar que la Fiscalía estatal difundió el 12 de mayo ya reconocía a cuatro personas presuntamente extranjeras en el convoy. Las describía vestidas de civil y documentaba a una con un arma larga dentro de instalaciones oficiales, aunque entonces no había corroborado que la portara o usara durante el operativo. Las diferencias entre versiones requieren aclararse con las imágenes y los testimonios del expediente.
La orden de captura y sus alcances
Norte Digital reportó que el mandamiento judicial contra Zuany incluye ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad ante autoridades con penalidad agravada. El oficio consultado por ese medio no detalla qué declaraciones sustentan esta última acusación ni la circunstancia que justificaría agravar la pena. La orden permite detenerlo y presentarlo ante el tribunal; su responsabilidad penal deberá resolverse mediante el proceso correspondiente.
Zuany había encabezado la Agencia Estatal de Investigación antes de asumir la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, en septiembre de 2025. Su trayectoria lo colocó al frente de áreas encargadas de investigar delitos de alto impacto, incluidos secuestros y extorsiones.
La participación del Ejército también debe precisarse
El Gabinete de Seguridad federal informó que elementos del Ejército y de la Fiscalía estatal localizaron seis laboratorios clandestinos de metanfetamina en Morelos, Chihuahua, durante las acciones de abril. Ese reporte acredita la intervención de ambas instituciones, pero por sí solo no permite concluir que las autoridades militares conocieran o hubieran autorizado la presencia de agentes extranjeros.
La Ley de Seguridad Nacional establece controles específicos para esa cooperación. El artículo 69 encarga a la Cancillería, en acuerdo con las dependencias federales de seguridad y defensa, resolver la acreditación de los agentes extranjeros. El 70 obliga a las autoridades locales a informar sus contactos con ellos y exige autorización previa para las reuniones. El 71 prohíbe a esos agentes ejercer facultades reservadas a las autoridades mexicanas. En consecuencia, una invitación de funcionarios estatales resulta insuficiente para autorizarles tareas policiales en México.
Jáuregui enfrenta un proceso federal
El caso registró otro avance este 25 de octubre: un juez federal vinculó a proceso a César Jáuregui, exfiscal general de Chihuahua, por presunta traición a la patria. También mantuvo su prisión preventiva en el Altiplano y concedió dos meses para continuar la investigación.
La defensa anunció que impugnará la resolución y sostiene que no hay pruebas suficientes para demostrar que Jáuregui ordenó o autorizó personalmente la intervención de agentes extranjeros. La vinculación abre formalmente el proceso penal, sin establecer todavía la culpabilidad del exfuncionario.
La búsqueda de Zuany deja pendiente esclarecer quién organizó los contactos con los estadounidenses, qué instrucciones recibieron y qué sabían los distintos niveles de gobierno. Las respuestas deberán establecer la responsabilidad individual de cada funcionario y explicar cómo funcionaron los controles de cooperación internacional en este operativo. ⑧