El influencer Richard LA reclama 50 millones de dólares tras ser baleado por ICE

La defensa del creador de contenido mexicano presentó una reclamación previa a una demanda contra autoridades estadounidenses. El proceso penal fue desestimado por violaciones a su derecho a la defensa, pero sigue bajo custodia migratoria.


El creador de contenido mexicano Carlitos Ricardo Parias, conocido como Richard LA, presentó una reclamación por 50 millones de dólares contra el Gobierno de Estados Unidos por el disparo que recibió durante su detención en Los Ángeles, en octubre de 2025. Su defensa anunció el procedimiento como un paso previo a una demanda.

La abogada Denise Gastelum informó que la acción apunta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a otras agencias involucradas en el arresto. La cantidad solicitada aún debe resolverse: el anuncio corresponde a una reclamación, sin que se haya concedido una indemnización.


El operativo y las versiones enfrentadas

Parias fue detenido el 21 de octubre de 2025, cuando agentes federales interceptaron su automóvil en el sur de Los Ángeles. La Fiscalía federal sostuvo que intentó mover el vehículo hacia adelante y en reversa, golpeó unidades oficiales y puso en riesgo a los agentes que lo rodeaban. Esa fue la versión con la que justificó la acusación inicial por agresión contra un funcionario federal.

Durante el arresto, un agente disparó e hirió a Parias. Un alguacil federal también resultó lesionado por el rebote de una bala, según el comunicado que publicó entonces el Departamento de Justicia.

La defensa cuestiona la justificación del uso de la fuerza. Gastelum afirmó que las imágenes de las cámaras corporales muestran a Parias dentro del vehículo con las manos levantadas cuando recibió el disparo. Su equipo sostiene que la actuación de los agentes fue injustificada; esa es una de las controversias que busca llevar a los tribunales.


Por qué se desestimó el proceso penal

En diciembre de 2025, el juez federal Fernando Olguín desestimó la acusación penal. La resolución documentó obstáculos que impidieron a Parias comunicarse adecuadamente con sus abogados mientras permanecía en el centro migratorio de Adelanto, California.

El tribunal consideró que esas restricciones vulneraron su derecho constitucional a preparar una defensa. La decisión cerró el proceso penal con una modalidad que impide volver a presentar la misma acusación, aunque el Gobierno apeló y busca revertirla.

El motivo de la resolución es relevante para entender el caso: el juez examinó las violaciones al derecho a la defensa. Ese fallo no fijó una compensación económica por el disparo ni resolvió el nuevo reclamo de daños, que se tramita por otra vía.

El DHS expresó su desacuerdo con la desestimación y negó que las personas bajo su custodia carezcan de acceso a sus abogados, de acuerdo con un comunicado recogido por ABC7. La apelación mantiene abierta la disputa sobre la decisión judicial.


Qué representa la reclamación de 50 millones

Una reclamación administrativa permite plantear ante la autoridad los daños por los que se busca una reparación. La legislación federal contempla este paso previo para determinados litigios contra Estados Unidos por actuaciones indebidas de sus empleados.

El artículo 2675 del título 28 del Código estadounidense permite acudir a tribunales después de una negativa formal de la agencia correspondiente o, a elección de la persona reclamante, cuando transcurren seis meses sin una resolución. La presentación de la reclamación, por sí sola, no acredita la responsabilidad del Gobierno ni obliga al pago solicitado.


Sigue detenido un año después

Parias permanece bajo custodia migratoria, informó ABC7. Sus abogados consideran ilegal esa detención y reclaman su liberación. El proceso migratorio y la reclamación de daños siguen pendientes pese a que la acusación penal fue desestimada.

Antes de su arresto, Richard LA publicaba en español sobre redadas, incidentes de seguridad y problemas de la comunidad latina del sur de Los Ángeles. El creador que documentaba operativos de las autoridades ahora busca que se revise judicialmente la actuación de quienes lo detuvieron. ⑧

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