Guadalupe Taddei admitió que personas señaladas por sus nexos con empresas proveedoras trabajaron en el instituto. Negó favoritismos y anunció que pedirá una revisión de las licitaciones a la Auditoría Superior de la Federación.
La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, reconoció este miércoles que personas mencionadas en reportajes sobre presuntas irregularidades en contrataciones trabajaron en el organismo. Aseguró que ya no forman parte de su personal y anunció que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar sus procesos de licitación.
Su respuesta deja dos asuntos por esclarecer: los posibles vínculos empresariales que antiguos colaboradores no habrían declarado y las condiciones en que se adjudicaron contratos de material electoral. Taddei negó favorecer a proveedores y sostuvo que el instituto entregará la información que le requieran las autoridades.
Lo que se investiga
Según información publicada por Reforma, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga una red de siete empresas proveedoras del INE y de organismos electorales locales. Los señalamientos incluyen una posible simulación de competencia entre compañías relacionadas y movimientos de recursos entre sociedades vinculadas.
El caso alcanza contrataciones realizadas durante la etapa en que Taddei presidió el instituto electoral de Sonora, entre 2014 y 2021. La funcionaria defendió aquellos procedimientos y afirmó que fueron auditados. Esa es la explicación de la presidenta del INE frente a los señalamientos periodísticos.
Las publicaciones describen una investigación en curso. Para establecer responsabilidades deberán precisarse las operaciones cuestionadas y la intervención de cada persona en ellas.
El vínculo entre empleados y empresas
Uno de los nombres publicados es Jonathan Navarrete Torres, identificado por Reforma como apoderado de Corporativo Zeg y registrado como chofer de la presidencia del INE. Taddei negó que hubiera sido su conductor personal, aunque reconoció que estuvo adscrito a su oficina. No precisó cuándo salieron del instituto las personas señaladas ni por qué.
La consejera presidenta dijo que, al revisar los expedientes laborales, encontró declaraciones en las que los involucrados negaron participar en empresas, sociedades o asociaciones. Informó que los antecedentes fueron remitidos al Órgano Interno de Control (OIC) para determinar si existieron omisiones o información falsa.
Son dos revisiones con objetos distintos: el OIC deberá examinar las declaraciones y posibles responsabilidades de los servidores públicos; la indagatoria financiera reportada se refiere a las operaciones de las empresas proveedoras.
En términos prácticos, falta contrastar lo que declararon al instituto con sus vínculos empresariales documentados. También deberá aclararse si esos vínculos coincidieron con decisiones sobre compras públicas. Que actualmente ya no trabajen en el organismo deja pendiente explicar qué ocurrió durante su empleo.
La explicación sobre urnas y mamparas
Respecto de materiales para la elección judicial de 2025, Taddei sostuvo que una licitación de urnas y mamparas se declaró desierta porque las propuestas incumplieron requisitos. Después, explicó, se recurrió a una adjudicación directa respaldada por un estudio de mercado para cumplir los tiempos de producción y entrega.
La revisión anunciada deberá contrastar esa justificación con los documentos de cada compra: los requisitos exigidos, las razones para descartar propuestas, los precios considerados y la elección del proveedor. Son elementos necesarios para evaluar las decisiones administrativas que hoy están cuestionadas.
Un portal y respuestas pendientes
El INE presentó además un proyecto de portal para consultar sus contrataciones. Según lo anunciado, permitirá seguir a las empresas participantes, revisar documentos, entregas y pagos, y distinguir entre el monto contratado y lo efectivamente pagado.
Publicar esa información facilitaría examinar las compras, pero sus documentos también deberán permitir reconstruir cómo se tomaron las decisiones. La utilidad del portal dependerá de la información disponible para cada procedimiento y de la posibilidad de consultar sus antecedentes.
La salida de antiguos empleados y el anuncio de una herramienta de transparencia responden solo a una parte de los cuestionamientos. Quedan pendientes las conclusiones del control interno, mientras Taddei anunció que pedirá una revisión a la ASF. Esos procedimientos, junto con la investigación financiera reportada, deberán establecer si hubo irregularidades y quién debe responder por ellas. ⑧