Morena adelanta sus cartas para 2027; denuncias de MC pasan a los estados

El Tribunal Electoral confirmó que las autoridades locales deben revisar las denuncias por las coordinaciones estatales de Morena. Mientras el partido ya tomó protesta a 17 perfiles, el INE rechazó una propuesta para regular estos procesos.


Movimiento Ciudadano llevó ante el INE la designación de coordinadores estatales de Morena por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña. Casi un mes después de la denuncia del 17 de septiembre, la disputa tiene una definición sobre quién debe investigarla: las autoridades electorales locales. La resolución sobre competencias no establece si hubo una infracción.

El conflicto plantea un problema que rebasa los nombres de los cargos partidistas: hasta dónde puede avanzar la promoción de futuros aspirantes antes de los periodos legales de competencia. Para MC, Morena utiliza las coordinaciones para posicionar eventuales candidaturas; esa acusación debe ser examinada por las autoridades correspondientes.


De los nombramientos a la denuncia

El 17 de septiembre, MC anunció una queja contra Morena tras nuevas designaciones de coordinadores estatales. Juan Ignacio Zavala, representante del partido ante el INE, acusó al oficialismo de vulnerar las reglas de precampaña y campaña mediante nombramientos que, a juicio de su partido, anticipaban la selección de candidatos.

Para entonces, Morena había anunciado diez coordinaciones en entidades como Baja California, Zacatecas, Quintana Roo, Michoacán y Guerrero. Las designaciones eran presentadas como parte de su organización interna rumbo a 2027, aunque los perfiles eran identificados públicamente como aspirantes a las gubernaturas.

La diferencia tiene consecuencias: un encargo interno no equivale al registro de una candidatura. Pero esa denominación tampoco resuelve, por sí misma, si las actividades de quien lo ocupa cumplen las normas electorales.


El Tribunal define quién investiga

El 30 de septiembre, la Sala Superior confirmó por mayoría que las denuncias debían remitirse a los Organismos Públicos Locales Electorales, conocidos como OPLE. Consideró procedente analizar los hechos por entidad, de acuerdo con su vínculo con las elecciones locales.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propuso que el INE revisara la posible existencia de una estrategia sistemática en varios estados, pero su planteamiento fue rechazado. La controversia quedó reflejada en los expedientes SUP-REP-43/2026 y SUP-REP-51/2026.

Para MC, separar los casos dificulta observar el conjunto de la operación política. La mayoría del Tribunal sostuvo que los hechos podían individualizarse. La diferencia importa porque determina el alcance de cada investigación y las autoridades responsables de conducirla.


Morena ya formalizó 17 coordinaciones

Mientras avanzaba el litigio, Morena continuó su organización. El 10 de octubre, Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional del partido, tomó protesta a 17 coordinadores estatales durante una sesión en la que llamó a superar las diferencias internas.

Durazo vinculó su trabajo con la construcción de coaliciones para las elecciones de 2027. La ceremonia muestra el peso político de los nombramientos y su relación con la preparación electoral, aunque no constituye, por sí sola, una prueba de actos anticipados.


El INE rechaza nuevas reglas, pero conserva facultades

La discusión también llegó a la fiscalización. En su sesión del 8 de octubre, el Consejo General del INE rechazó un proyecto de lineamientos para regular y fiscalizar los procesos políticos relacionados con las elecciones de 2027.

Según el comunicado institucional publicado al día siguiente, la mayoría pidió profundizar el análisis jurídico y técnico. Quienes respaldaban la propuesta buscaban establecer directrices para vigilar los gastos y, si se acreditaban actos anticipados, contabilizarlos en los topes correspondientes. El INE sostuvo que conserva sus facultades de investigación, vigilancia y fiscalización.

El rechazo del proyecto, por tanto, no elimina las obligaciones existentes ni determina la legalidad de las coordinaciones de Morena.


El nombre del cargo no agota el análisis

Los criterios del Tribunal Electoral exigen revisar la finalidad electoral de los mensajes y su contexto: a quiénes llegan, qué apoyo solicitan y cuál es su posible impacto en la equidad. El análisis incluye expresiones inequívocas de respaldo electoral, además de los llamados expresos al voto.

La distinción volvió a aparecer el 14 de octubre, cuando el Tribunal confirmó el desechamiento de una queja de Morena contra MC y Jorge Álvarez Máynez por publicaciones y un promocional sobre Michoacán. En ese expediente separado, consideró que no había indicios suficientes de posicionamiento electoral anticipado.

Para las coordinaciones de Morena, el seguimiento debe concentrarse ahora en las actuaciones locales y la revisión del financiamiento. La cuestión central será qué hicieron los perfiles promovidos, cómo se pagaron sus actividades y qué acreditan las pruebas. ⑧

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