La propuesta de pagos digitales del Gobierno busca ampliar el acceso financiero y facilitar el registro de operaciones. Su alcance dependerá de los costos, la conectividad y la protección de la información.
Pagar con tarjeta o celular facilita una compra, pero también genera un registro. Esa doble función está en el centro de la apuesta del Gobierno mexicano por ampliar los pagos digitales: hacer más accesible el sistema financiero y favorecer una economía donde resulte más sencillo seguir el movimiento del dinero.
La Cámara de Diputados aprobó el 6 de octubre el proyecto de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. La votación de los artículos reservados cerró con 327 votos a favor y 122 en contra. El expediente legislativo registra su envío al Senado y mantiene pendiente la revisión: todavía no es una ley vigente.
Qué cambiaría para comercios y gobiernos
El proyecto contempla que las autoridades federales, estatales y municipales habiliten pagos electrónicos para trámites y servicios. También prevé infraestructura para recibirlos, información a los usuarios y medidas para resolver contingencias. Para contratar servicios financieros digitalmente, propone aceptar la CURP Digital u otra identificación oficial.
Hacienda podría definir los sectores donde sería obligatorio aceptar pagos digitales. El Gobierno ha señalado gasolineras y casetas como puntos iniciales de una implementación gradual. Son anuncios sobre el despliegue previsto; no obligaciones actualmente exigibles por esta propuesta.
El resumen legislativo también contempla permitir efectivo o cheque cuando una contingencia impida recibir pagos digitales. Esa alternativa reconoce un problema práctico: una falla tecnológica puede interrumpir el cobro. Por sí sola, esa previsión no permite concluir que el proyecto eliminará el efectivo.
El efectivo sigue resolviendo la vida diaria
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 muestra la distancia entre disponer de tecnología y utilizarla. El 85.2% de la población de 18 a 70 años reportó el efectivo como medio frecuente para compras de hasta 500 pesos; 10.4% usaba tarjetas y 4.4%, transferencias o aplicaciones. Son hábitos declarados por personas, no un conteo de transacciones.
Además, 63% tenía una cuenta de ahorro formal. Entre habitantes de localidades de menos de 15 mil personas, la proporción era de 51.4%.
La diferencia importa: exigir infraestructura a un comercio no resuelve por sí mismo las barreras de sus clientes. Una transición incluyente necesita cuentas accesibles, conectividad y ayuda para quienes tienen dificultades para operar herramientas digitales. De lo contrario, ampliar opciones puede convertirse, en la práctica, en una barrera para comprar o realizar trámites.
Quién gana y quién absorbe los costos
Para los negocios, cobrar digitalmente puede facilitar el control de ingresos y generar un historial financiero. Banco de México presenta CoDi como una plataforma de cobro mediante transferencias, disponible las 24 horas y sin comisiones adicionales por operación.
Sin embargo, las condiciones de CoDi no deben extenderse a cualquier terminal o servicio de cobro. La implementación debe permitir comparar comisiones, equipo, conexión y facilidad de uso. Para una tienda pequeña, la conveniencia dependerá de cuánto cueste recibir el dinero y del trabajo necesario para hacerlo.
Bancos y proveedores tecnológicos pueden ampliar su mercado. Los consumidores pueden ganar comodidad. Que esos beneficios lleguen a los pequeños comercios dependerá del diseño operativo y de las opciones disponibles.
La huella de los pagos digitales
Una transferencia permite documentar una operación. Para consultar un comprobante SPEI, Banxico solicita datos como fecha, monto, bancos participantes, cuenta beneficiaria y referencia o clave de rastreo.
Ese registro ayuda a acreditar un pago; también explica por qué digitalizar aumenta la trazabilidad. La información exige protección y claridad sobre quién puede consultarla y para qué.
La propuesta no concede nuevas facultades al SAT para acceder directamente a la información transaccional. Por tanto, más registros no equivalen automáticamente a más atribuciones fiscales ni garantizan mayor recaudación.
La revisión del Senado deberá aclarar obligaciones, plazos y mecanismos ante fallas. El criterio para evaluar la reforma será concreto: cuánto facilita pagar y cobrar, a quién deja fuera y qué garantías acompañan la información que genera. ⑧