El balance de Integralia describe una Presidencia políticamente fuerte y presiones fiscales crecientes. Los avances salariales conviven con dificultades para ampliar el empleo formal y financiar nuevas prioridades.
El segundo aniversario del Gobierno de Claudia Sheinbaum deja un balance que difícilmente cabe en una sola consigna. La recuperación salarial y la reducción de la pobreza laboral muestran avances para parte de la población; las exigencias presupuestarias y la calidad del empleo plantean límites a su continuidad.
El reporte publicado por Integralia el 5 de octubre identifica una administración con fortaleza política, pero con una posición fiscal cada vez más estrecha. La consultora atribuye esa presión al servicio de la deuda, los compromisos de gasto social y las necesidades financieras de las empresas públicas. Se trata de su evaluación, no de un diagnóstico oficial.
Su utilidad es ordenar preguntas que suelen discutirse por separado: cuánto mejoraron los ingresos, qué empleos se crean y con qué recursos puede sostenerse el avance.
El aumento salarial es verificable
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos estableció para 2026 un mínimo general de 315.04 pesos diarios, frente a 278.80 en 2025: un aumento nominal de 13%. En la Zona Libre de la Frontera Norte, el monto pasó a 440.87 pesos diarios, con un incremento de 5%.
La distinción geográfica es necesaria. No existe un único salario mínimo para todo el país. También conviene separar el incremento nominal, expresado en pesos, de la mejora real después de descontar la inflación.
El salario mínimo constituye un piso legal de remuneración. Su aumento puede beneficiar directamente a quienes lo reciben, pero no implica que todos los trabajadores hayan obtenido el mismo ajuste. Para evaluar el bienestar de los hogares también cuentan las horas trabajadas, los precios y la estabilidad del ingreso.
Menos pobreza laboral no significa que el problema haya desaparecido
La STPS, con información de la ENOE, reportó una pobreza laboral de 31.9% en el segundo trimestre de 2026. Este indicador mide la proporción de población cuyo ingreso laboral por persona resulta insuficiente para adquirir la canasta alimentaria. Es distinto de la medición multidimensional de pobreza.
México, ¿Cómo Vamos? coincide en el nivel de 31.9% y señala que la informalidad alcanzó 55.1% en ese trimestre. Los dos datos pueden coexistir: los ingresos pueden mejorar mientras una mayoría de las personas ocupadas permanece en condiciones laborales informales.
Ese contraste obliga a mirar más allá del promedio nacional. Una mejor remuneración no sustituye el acceso a seguridad social, la estabilidad contractual o la posibilidad de ahorrar para el retiro. El avance distributivo y la formalización requieren mediciones diferentes.
La fortaleza política no elimina la restricción presupuestaria
Integralia considera que la popularidad presidencial y la competitividad de Morena favorecen la gobernabilidad rumbo a 2027. Esa es una lectura prospectiva: no garantiza un resultado electoral ni asegura que las prioridades del Ejecutivo puedan financiarse.
El FMI también pidió mayores esfuerzos para colocar la deuda mexicana en una trayectoria descendente. Entre sus recomendaciones figuran elevar ingresos, priorizar mejor el gasto y proteger la inversión que favorece el crecimiento.
La discusión no se reduce a gastar más o menos. Una política puede producir beneficios sociales y, al mismo tiempo, necesitar una fuente permanente de financiamiento. Recortar inversión para cumplir otros compromisos también puede debilitar la capacidad futura de generar empleo e ingresos.
El siguiente balance deberá medir sostenibilidad
Los dos años de Sheinbaum deben evaluarse con periodos comparables y sin atribuir todos los cambios al Ejecutivo. Los salarios se fijan mediante mecanismos institucionales y el empleo responde a decisiones empresariales, demanda y condiciones externas.
La siguiente prueba será convertir mejores ingresos en oportunidades más estables, mientras se conserva capacidad para invertir y responder a emergencias. La fortaleza política puede facilitar decisiones difíciles; su eficacia dependerá de los resultados económicos y administrativos que produzca. ⑧