La negociación rumbo a 2027 muestra que el PVEM puede convertir sus votos en el Congreso en posiciones electorales. San Luis Potosí pondrá a prueba los límites del compromiso de Morena contra el nepotismo.
Morena puede dominar una elección y aun así depender de otro partido para gobernar. El reparto de posiciones rumbo a 2027 muestra cuánto ha ganado el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con esa dependencia: sus legisladores son necesarios para impulsar cambios constitucionales y sus dirigentes tienen margen para negociar el mapa electoral de la coalición.
El Verde pasó de 2.6 millones de votos en 2021 a 4.9 millones en 2024 y cuenta actualmente con 61 diputados y 14 senadores. El diario El País vincula las posiciones obtenidas rumbo a 2027 con negociaciones nacionales entre las dirigencias, más allá de las preferencias locales.
La lectura política es clara: la selección de aspirantes no solo dejó inconformes dentro de Morena. También exhibió la capacidad de un socio menor para conseguir espacios que el partido dominante no puede distribuir por su cuenta.
Un veto que ya tuvo consecuencias
El poder de veto del Verde es político: al negar su respaldo, puede impedir que Morena reúna las dos terceras partes de los legisladores presentes en cada Cámara necesarias para aprobar una reforma constitucional. Morena puede buscar esos votos en otras bancadas, pero mientras no consiga apoyos alternativos, el Verde tiene margen para condicionar su respaldo y negociar candidaturas y concesiones.
Ese límite dejó de ser una posibilidad teórica el 11 de marzo de 2026. La reforma electoral de Claudia Sheinbaum obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención en la Cámara de Diputados. El registro oficial confirma que fue desechada porque no alcanzó la mayoría calificada.
La falta de respaldo del Verde y del PT fue decisiva para el fracaso de la propuesta, que planteaba reducir costos y modificar la representación legislativa. Morena conservó su mayoría, pero no pudo convertirla en una reforma constitucional.
Esto explica por qué las conversaciones sobre candidaturas tienen implicaciones nacionales: preservar la alianza también significa mantener abierta la posibilidad de aprobar la agenda presidencial.
Las posiciones que ganó el aliado
Jasmine Bugarín en Nayarit, Manuel Cota en Baja California Sur y Eugenio “Gino” Segura en Quintana Roo quedaron al frente de las coordinaciones estatales rumbo a 2027. Son designaciones partidistas que los perfilan hacia las gubernaturas; todavía deben distinguirse de las candidaturas formalmente registradas ante las autoridades electorales.
Las dirigencias de Morena y del PVEM respaldaron conjuntamente a Bugarín. En Quintana Roo, Segura fue presentado en un acto acompañado por ambos partidos. Esas decisiones muestran al Verde participando en la definición de quienes encabezarán el proyecto oficialista en los estados.
En Baja California Sur, la designación de Cota provocó que Milena Quiroga condicionara su respaldo a una aclaración técnica de la encuesta. Morena instaló mesas de revisión en esa entidad, Nayarit y Zacatecas. La dirigencia defendió el método y sostuvo que las mediciones externas confirmaban los resultados. Las inconformidades no prueban por sí mismas una manipulación, pero sí muestran el costo interno del reparto.
San Luis Potosí y el límite del antinepotismo
La prueba más incómoda está en San Luis Potosí. Ruth González, senadora del Verde y esposa del gobernador Ricardo Gallardo, se perfila como aspirante a sucederlo. Morena eligió por consenso a Elí César Cervantes, incluso sin que se hubiera inscrito en el proceso, después de que su dirigencia considerara insuficiente el desarrollo de los aspirantes registrados.
Hay una diferencia fundamental entre la ley y el compromiso partidista. El decreto constitucional publicado el 1 de abril de 2025 establece que la prohibición del nepotismo electoral será aplicable desde los procesos de 2030. Esa disposición, por tanto, no impediría por sí misma una postulación de González en 2027.
Morena adoptó una restricción interna para sus propias postulaciones. Competir por separado permite mantenerla mientras el aliado impulsa a una familiar del gobernador. No demuestra un acuerdo para entregar la elección, pero abre una contradicción política: el rechazo al nepotismo puede limitar a Morena sin limitar a la coalición que sostiene al Gobierno.
Más recursos para negociar el futuro
El crecimiento también tiene una base financiera. El acuerdo del INE asignó al PVEM 832.1 millones de pesos para actividades ordinarias en 2026, además de recursos para actividades específicas y franquicias. Los 832 millones no representan todo su financiamiento federal.
La combinación de dinero, legisladores y posiciones territoriales fortalece su capacidad para negociar el siguiente reparto. Para Morena, el desafío de 2027 será conservar una coalición capaz de ganar elecciones y aprobar reformas sin que sus compromisos políticos terminen dependiendo de las excepciones que exijan sus aliados. ⑧