La creadora de contenido y su madre fueron declaradas culpables y, según relató la joven, recibieron una sanción de dos años de limitación de libertad. La defensa espera el fallo escrito para evaluar una apelación.
Anna Sofía Benítez Silvente, conocida en redes sociales como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, fueron declaradas culpables el jueves 1 de octubre por un tribunal de La Habana, en un proceso por grabar y difundir la visita de un agente policial a su vivienda. La joven informó al salir de la audiencia que ambas recibieron una sanción de dos años de limitación de libertad.
El caso enfrenta dos interpretaciones: las autoridades invocan la protección de la imagen y la intimidad del agente; la organización jurídica Cubalex sostiene que documentar a un funcionario mientras ejerce sus atribuciones constituye una forma legítima de control ciudadano.
La sanción anunciada y el fallo pendiente
La audiencia se celebró en el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este. Bensi explicó ante periodistas que el tribunal había considerado culpables a ambas y anunciado la sanción. Madre e hija esperan recibir la resolución escrita para evaluar una apelación.
Su abogado, Roberto Ortega, dijo a EFE que el fallo escrito se emitirá en aproximadamente 15 días. Una vez notificado, las partes dispondrán de 10 días hábiles para presentar un recurso. El defensor precisó que esa decisión corresponde a sus representadas.
La limitación de libertad permite cumplir la pena fuera de prisión, bajo restricciones. Ortega señaló que estas incluyen la prohibición de salir del país. Por ello, la sanción anunciada no equivale a dos años de encarcelamiento, aunque sí supone mantenerlas sometidas a controles judiciales.
Un video como origen del proceso
El expediente surgió después de que ambas difundieran una grabación de un agente que acudió a su domicilio en marzo para entregar una citación. El funcionario alegó que divulgar su imagen vulneraba su intimidad y lo hacía sentirse amenazado, según documentó Cubalex.
La organización denunció desde entonces que madre e hija habían sido imputadas y sometidas a medidas cautelares de reclusión domiciliaria. Su posición es que registrar una entrega de citación permite conservar evidencia de la actuación oficial, especialmente ante posibles irregularidades.
Bensi, de 21 años, es conocida por sus videos críticos sobre la vida cotidiana en Cuba: apagones, escasez, salarios insuficientes y obstáculos burocráticos. También utiliza sus redes para cuestionar la falta de libertades.
Antes de entrar al tribunal, defendió su derecho a expresar esas opiniones con una frase que resume su posición frente al proceso: “No es un arma, es un teléfono”.
La postura oficial
El Ministerio del Interior difundió un mensaje, recogido por EFE, en el que sostuvo que grabar no constituye por sí mismo un delito, pero publicar una imagen sin consentimiento puede serlo. La comunicación no mencionó explícitamente el proceso contra Bensi.
La institución argumentó que el objeto de este tipo de procedimientos es la difusión no consentida y que la libertad de expresión no justifica exponer la intimidad de otra persona.
Esa explicación sitúa el debate en el uso de la grabación. Sin embargo, deja abierta la cuestión central planteada por Cubalex: qué permite considerar una diligencia oficial como parte de la vida privada del funcionario que la ejecuta.
El riesgo de castigar a quienes documentan al poder
En un análisis publicado el 28 de septiembre, Cubalex cuestionó la aplicación del artículo 393 del Código Penal a grabaciones de funcionarios en servicio. La organización sostiene que aparecer en un video no basta para configurar el delito: deben examinarse el contexto y el propósito de afectar los derechos protegidos por la norma.
El punto central es sencillo: un policía que entrega una citación está realizando su trabajo como representante del Estado. Grabar esa visita permite dejar constancia de lo que hizo y dijo. Para Cubalex, eso es distinto de invadir su vida privada.
Si publicar un video de un funcionario puede llevar a un proceso penal, otras personas podrían dejar de documentar posibles abusos por miedo a enfrentar las mismas consecuencias. Sin esos registros, resulta más difícil denunciar irregularidades y exigir responsabilidades.
El fallo escrito permitirá conocer los argumentos del tribunal. Mientras tanto, el caso plantea una preocupación concreta: que documentar una actuación del Estado termine convirtiéndose en un riesgo para quien intenta dejar evidencia de ella. ⑧