Documentos revelan diferencias entre el testimonio de una exalumna y el resumen enviado a los fiscales. Nueva York encargó la investigación a la fiscal general Letitia James.
La investigación sobre una presunta agresión sexual colectiva en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, enfrenta un nuevo cuestionamiento: la joven afirmó ante la policía del campus que había sido violada, pero esa afirmación no quedó incluida en la declaración resumida que recibió la Fiscalía y utilizó para decidir que no presentaría cargos en 2024.
La diferencia, documentada en reportes de CBS News y The New York Times, desplaza el foco hacia el trabajo de las autoridades: qué información obtuvieron, cómo la registraron y qué entregaron a los fiscales.
Un testimonio y un resumen distintos
La denunciante, identificada como Jane Doe para proteger su identidad, acusa a siete integrantes de la fraternidad Chi Phi de agredirla en octubre de 2024. El caso volvió al centro de la atención pública después de que presentó una demanda civil en septiembre de 2026.
Según los documentos, un agente condensó una entrevista de varias horas en una declaración de seis páginas que la estudiante firmó. En su relato completo, ella también describió coacción y un estado de intoxicación que, según dijo, le impedía tomar decisiones.
La omisión de su afirmación de haber sido violada plantea una diferencia sustancial entre lo que contó y lo que evaluó la Fiscalía. Por sí sola, no establece quién es penalmente responsable ni demuestra que existiera una decisión deliberada de encubrir los hechos. Sí exige esclarecer por qué una acusación tan relevante quedó fuera del documento utilizado para la revisión.
La explicación del fiscal
El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, defendió su actuación en un comunicado del 28 de septiembre. Sostuvo que la declaración escrita describía consumo de drogas y actividad sexual voluntarios, y que los hechos consignados no reunían los elementos necesarios para formular cargos conforme a la legislación de Nueva York.
También señaló que la joven hizo más de veinte correcciones manuscritas antes de firmar el documento. Su argumento se refería a esa declaración; las revelaciones posteriores cuestionan si esta reflejaba suficientemente la entrevista.
Van Houten anunció que revisaría nuevamente el caso y prepararía su presentación ante un gran jurado. Ese anuncio no equivale a una acusación penal ni a una resolución de culpabilidad.
Nueva York cambia la conducción del caso
El 1 de octubre, la gobernadora Kathy Hochul designó a la oficina de la fiscal general Letitia James como fiscalía especial para investigar las acusaciones.
Hochul explicó que la información recién conocida había debilitado su confianza en la capacidad del fiscal local para conducir el asunto. La intervención estatal busca dar independencia a la investigación y esclarecer las posibles responsabilidades penales.
Cornell también enfrenta una revisión
Cornell sostiene que investigó los hechos, cerró el capítulo de Chi Phi e impuso sanciones, incluidas expulsiones. La universidad también aceptó una revisión externa. Los hombres señalados negaron haber actuado indebidamente y afirmaron que las relaciones fueron consentidas, según Reuters.
El expediente plantea dos asuntos relacionados: determinar qué ocurrió aquella noche y esclarecer si la respuesta institucional permitió examinarlo adecuadamente. Las sanciones universitarias, la demanda civil y la investigación penal tienen alcances distintos; ninguna sustituye el esclarecimiento de las posibles omisiones policiales. ⑧