La vivienda donde fue ubicado el empresario cercano a los hijos de López Obrador quedó deshabitada, según el periodista Irving Pineda. El caso vuelve a poner bajo escrutinio sus contratos públicos y la respuesta de las autoridades mexicanas.
Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño y amigo de Andrés Manuel López Beltrán, dejó la vivienda donde había sido localizado en una zona residencial de Lugano, Suiza, de acuerdo con el periodista Irving Pineda, quien informó el 29 de septiembre que el reportero encontró deshabitada la casa después de revelar el paradero del empresario.
La actualización ocurre después de que Azteca Noticias difundiera imágenes del encuentro con Olán, quien rechazó responder preguntas. Su localización en Suiza devuelve la atención a los negocios que desarrolló durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a las investigaciones sobre su cercanía con los hijos del expresidente.
Una casa vacía y preguntas abiertas
Según el reporte, el inmueble tiene tres pisos y vista al lago de Lugano. Pineda señaló que, durante una visita posterior, la vivienda estaba completamente deshabitada. La información disponible no precisa adónde se trasladó Olán ni establece si era propietario o arrendatario.
La presencia del empresario en Suiza no demuestra, por sí misma, que esté evadiendo una orden judicial. El interés público del caso está en los recursos que recibieron sus empresas, las condiciones en que fueron contratadas y el posible uso de relaciones políticas para acceder a negocios.
Contratos de salud con irregularidades documentadas
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que Romedic, empresa de Olán, recibió alrededor de 490 millones de pesos entre 2020 y 2022 mediante contratos con Tabasco y Quintana Roo, financiados con recursos del extinto Instituto de Salud para el Bienestar.
En Tabasco, la compañía obtuvo un primer contrato por 61 millones de pesos apenas cuatro meses después de constituirse. En Quintana Roo, recibió otro por 274 millones mediante licitación pública en diciembre de 2022. Seis días antes, Cofepris la había incluido en su lista de distribuidores que incumplían la regulación sanitaria: sus verificadores no pudieron localizar el establecimiento para revisar sus condiciones.
Estos hallazgos están respaldados por contratos, facturas y registros publicados por MCCI. La irregularidad sanitaria y las contrataciones están documentadas; determinar responsabilidades penales exige esclarecer cómo se autorizaron las operaciones y quiénes intervinieron.
De los medicamentos a los negocios de infraestructura
Los negocios de Olán también alcanzaron el entorno de Dos Bocas. MCCI obtuvo una escritura que registra la compra de un terreno de 18 hectáreas por un millón de pesos, el 7 de diciembre de 2018. Posteriormente, el predio fue utilizado como área de almacenamiento por ICA Fluor, contratista de la refinería. La superficie registrada equivale a 180 mil metros cuadrados.
En otra investigación, publicada en abril de 2024 y actualizada en agosto de 2026, MCCI difundió una grabación en la que Olán afirma que Gonzalo López Beltrán le ofreció explotar minas en Oaxaca para producir balasto, la piedra triturada que sostiene las vías ferroviarias.
El audio documenta lo dicho por el empresario y constituye un elemento para investigar posibles influencias en esos negocios. Por sí solo, no acredita que la oferta se concretara.
Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán han negado haber intervenido para beneficiar a personas o empresas con contratos públicos. También rechazaron tener prestanombres y participar en la compraventa del terreno relacionado con Dos Bocas.
La respuesta pendiente de las autoridades
El 28 de septiembre, Claudia Sheinbaum sostuvo que corresponde a la Fiscalía General de la República abrir una investigación si cuenta con elementos que vinculen a Olán con algún delito. La presidenta condicionó la actuación a la existencia de pruebas y remitió el asunto a la Fiscalía.
Hay antecedentes que requieren una explicación pública. En febrero de 2024, MCCI reportó que Romedic había promovido un amparo para acceder a una carpeta que estaría abierta en su contra. Ese antecedente no permite conocer el estado actual del expediente, pero impide presentar el caso como si los señalamientos acabaran de surgir.
La relevancia del caso va más allá de una residencia en Suiza. Los contratos y registros publicados permiten examinar decisiones concretas sobre dinero público. La respuesta institucional pendiente consiste en explicar qué se investigó, qué resultados hubo y si las irregularidades documentadas derivaron en responsabilidades. ⑧