Una jueza permitió al exgobernador de Baja California cumplir la medida cautelar desde su domicilio en Ensenada por su edad y estado de salud. La FGR advierte que la decisión no modifica el proceso en su contra por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos.
Ernesto Ruffo Appel dejó este sábado el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, pero no quedó en libertad ni terminó el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles.
El exgobernador de Baja California, de 74 años, fue trasladado bajo custodia de la Guardia Nacional hacia Ensenada, donde continuará sujeto a prisión preventiva desde su domicilio después de que una autoridad judicial aceptara modificar el lugar en el que debe cumplir la medida cautelar.
La decisión fue tomada tras una audiencia de revisión solicitada por su defensa, que argumentó la edad de Ruffo y diversos problemas de salud. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fueron presentados dictámenes médicos relacionados con una cirugía y otros padecimientos.
La resolución impone además varias restricciones: vigilancia permanente de la Guardia Nacional, prohibición de salir del país, retiro de pasaporte y visa y la obligación de mantenerse alejado de testigos y otras personas relacionadas con la investigación. Reportes judiciales señalan también que deberá realizar una videollamada diaria con la autoridad encargada de supervisar las medidas cautelares.
La acusación sigue intacta
Ruffo no obtuvo una exoneración y tampoco se revocó la prisión preventiva. La resolución únicamente permite que esa medida sea ejecutada en su domicilio.
Este domingo, la FGR salió públicamente a subrayarlo: el cambio “no implica que su proceso penal se detenga o presente cambios”. La institución sostiene que los delitos de delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos que le atribuye implican prisión preventiva oficiosa conforme al marco constitucional vigente.
Ruffo fue detenido el 16 de julio en Ensenada y una semana después quedó vinculado a proceso junto con otras siete personas. La investigación gira alrededor de Ingemar S.A. de C.V., empresa de la que el exgobernador es accionista y en la que llegó a ocupar el cargo de secretario del Consejo de Administración.
Según la teoría del caso de la Fiscalía, la compañía habría formado parte de una estructura utilizada para introducir combustible desde Estados Unidos a México mediante ferrotanques, declarando ante las autoridades cantidades considerablemente menores a las realmente transportadas.
La acusación sostiene que la organización movilizó al menos 18.2 millones de litros de gasolina y diésel mediante 163 carrotanques. Parte de las operaciones habrían ingresado por las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas. La investigación calcula una presunta evasión fiscal de 166.4 millones de pesos en esas operaciones.
En este caso, las autoridades investigan una operación comercial y aduanera en la que combustible adquirido legalmente en Estados Unidos habría ingresado a México mediante declaraciones falsas o incompletas para reducir el pago de impuestos.
La FGR afirma que sus investigaciones detectaron ferrotanques en los que se habría declarado apenas alrededor del 10% del combustible realmente transportado. Documentos fiscales, facturas, cartas porte, pedimentos y registros corporativos condujeron a los investigadores hasta Ingemar y otras empresas involucradas en la operación.
Ruffo y el papel de Ingemar
Uno de los puntos centrales que tendrá que resolverse durante el proceso es hasta dónde llegaba la participación personal de Ruffo dentro de la compañía.
La Fiscalía sostiene que el exgobernador no era simplemente un inversionista ajeno a las operaciones. De acuerdo con la investigación oficial, Ruffo ingresó al capital de Ingemar en 2018 y para 2021 aparecía como accionista y secretario del Consejo de Administración, participando junto con otros socios en actos corporativos, representación legal y decisiones estratégicas de la empresa.
La defensa sostiene exactamente lo contrario.
Sus abogados han argumentado que la condición de accionista no demuestra por sí misma responsabilidad penal y que Ruffo no participaba en la operación logística de los cargamentos. Fernando Gómez Mont, integrante de su defensa, ha señalado que no existen, desde su perspectiva, documentos que demuestren que el exgobernador conociera el presunto ingreso irregular de combustible o que hubiera obtenido ganancias de esas operaciones.
Esa diferencia constituye uno de los ejes fundamentales del caso: la FGR deberá demostrar no sólo que existió una operación de contrabando, sino la participación y responsabilidad penal individual de Ruffo en ella.
La vinculación a proceso significa que una jueza consideró que existen elementos suficientes para que la investigación continúe en su contra, pero no equivale a una declaración de culpabilidad.
Una batalla jurídica que apenas comienza
El traslado a Ensenada es también resultado de una estrategia legal que la defensa ha mantenido prácticamente desde el comienzo del proceso.
Los abogados promovieron diversos recursos contra la prisión en El Altiplano y argumentaron que las condiciones personales de Ruffo —particularmente tener más de 70 años y presentar problemas médicos— justificaban que cumpliera la medida cautelar desde su domicilio. Una resolución de amparo obligó finalmente a revisar esas circunstancias.
La defensa considera el cambio una primera victoria procesal, aunque reconoce que el litigio está lejos de terminar. Juan Marcos Gutiérrez, integrante del equipo jurídico, ha sostenido que buscarán combatir también la acusación de fondo y demostrar la inocencia del exgobernador.
La Fiscalía, en cambio, asegura contar con “datos de prueba contundentes”, incluidos dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis financieros, y mantiene que Ingemar registró movimientos millonarios que considera incongruentes con su perfil fiscal.
Por ahora, ninguna de esas dos posiciones constituye una sentencia.
Ruffo cambia una celda de máxima seguridad por su domicilio en Ensenada, pero jurídicamente continúa privado de la libertad y sujeto al mismo proceso penal. El siguiente capítulo será más complejo: determinar si la Fiscalía puede transformar la extensa documentación financiera, aduanera y corporativa que ha reunido en pruebas suficientes para acreditar que el exgobernador no sólo era socio de una empresa involucrada en las operaciones, sino que participó penalmente en la red que las autoridades aseguran haber descubierto. ⑧