El embajador estadounidense Ronald Johnson afirmó que convertir la lucha contra el narcotráfico en una disputa política debilita la cooperación entre ambos países.
La declaración ocurre en medio de una creciente tensión entre Washington y el gobierno de Claudia Sheinbaum por las acusaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al crimen organizado.
La relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más tensos de los últimos años. El nuevo episodio de confrontación surgió este lunes cuando el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, afirmó que politizar la lucha contra los cárteles representa una “oportunidad perdida” para ambos países.
La declaración llega después de varios días de intercambio de mensajes entre Washington y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha denunciado lo que considera intentos de injerencia extranjera en la política mexicana a través de investigaciones y acusaciones judiciales contra funcionarios y políticos vinculados a Morena.
Según Johnson, la cooperación bilateral en materia de seguridad enfrenta amenazas reales que requieren coordinación entre ambos gobiernos y no confrontaciones políticas. Desde la perspectiva estadounidense, convertir el combate al narcotráfico en un conflicto diplomático dificulta la posibilidad de enfrentar a organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera.
El origen de la disputa
La tensión se intensificó tras las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diversos funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Entre los señalados por la justicia estadounidense se encuentra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, a quien fiscales federales acusan de haber colaborado con líderes del Cártel de Sinaloa —particularmente con la facción de Los Chapitos— para facilitar el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos a cambio de presuntos sobornos y apoyo político. La acusación forma parte de una imputación presentada en abril por el Departamento de Justicia contra diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. Rocha ha rechazado los señalamientos y sostiene que no existen pruebas que acrediten su culpabilidad.
En el mismo expediente aparece Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien ya compareció ante una corte federal en Nueva York. Los fiscales estadounidenses lo acusan de proporcionar protección e información privilegiada a Los Chapitos a cambio de pagos mensuales, además de participar en una conspiración para traficar drogas hacia territorio estadounidense. Durante su más reciente audiencia, la Fiscalía afirmó contar con «mucha» evidencia para sustentar el caso y solicitó más tiempo para procesar el material probatorio.
Estas investigaciones han provocado una fuerte reacción política en México. Sheinbaum ha argumentado que algunas de las acusaciones estadounidenses podrían tener motivaciones políticas y ha advertido sobre el riesgo de que actores externos intenten influir en el proceso electoral mexicano rumbo a 2027.
Sheinbaum endurece el discurso
Durante el acto conmemorativo por el segundo aniversario de su triunfo electoral, la presidenta elevó el tono de sus críticas contra sectores políticos estadounidenses. Aunque evitó responsabilizar directamente al presidente Donald Trump, denunció una supuesta ofensiva impulsada por grupos de ultraderecha, medios de comunicación y actores políticos interesados en debilitar a su gobierno.
El discurso marcó un contraste con la estrategia de cautela diplomática que Sheinbaum había mantenido durante gran parte de su administración. Analistas consideran que la mandataria busca reforzar el mensaje de defensa de la soberanía nacional frente a una creciente presión proveniente de Washington.
Una nueva estrategia estadounidense
La disputa ocurre en un contexto de endurecimiento de la política estadounidense hacia los cárteles mexicanos. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, Washington ha incrementado la presión para lograr más capturas, extradiciones y acciones contra organizaciones criminales consideradas amenazas para la seguridad nacional.
La Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 plantea que la cooperación con México debe traducirse en resultados concretos contra los grupos criminales, incluyendo la captura y extradición de sus principales líderes.
Al mismo tiempo, Trump ha reiterado públicamente que Estados Unidos está dispuesto a actuar con mayor agresividad contra los cárteles si considera que México no hace lo suficiente para combatirlos, declaraciones que han generado preocupación dentro del gobierno mexicano y han alimentado el debate sobre soberanía nacional.
Más que una disputa diplomática
Detrás del intercambio de declaraciones existe una diferencia de fondo sobre cómo debe enfrentarse al crimen organizado.
Washington sostiene que la prioridad debe ser la cooperación operativa y judicial para debilitar financieramente a los cárteles y llevar a sus líderes ante la justicia. México, por su parte, insiste en que cualquier acción debe respetar plenamente la soberanía nacional y rechaza cualquier percepción de intervención extranjera.
La declaración de Ronald Johnson deja claro que Estados Unidos considera que la actual confrontación política desvía la atención del problema central: el fortalecimiento de organizaciones criminales que continúan operando a ambos lados de la frontera.
Por ahora, ninguna de las dos capitales parece dispuesta a moderar el tono. Y mientras la retórica escala, la cooperación en materia de seguridad enfrenta una prueba que podría definir el rumbo de la relación bilateral durante los próximos años. ⑧


