La Secretaría Anticorrupción confirmó sanciones históricas contra dos ex mandos ligados al círculo político de Miguel Ángel Osorio Chong por un presunto desvío de más de 65 millones de dólares destinados a un sistema de espionaje israelí.
La vieja estructura de seguridad del sexenio de Enrique Peña Nieto vuelve a colocarse bajo sospecha.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó este martes que dos ex altos mandos de la extinta Policía Federal fueron sancionados con inhabilitaciones de hasta 20 años y multas millonarias tras acreditarse irregularidades relacionadas con un contrato de vigilancia e inteligencia firmado con la empresa israelí Rafael Advanced Defense System LTD (RADS).
Los funcionarios señalados son Frida Martínez Zamora, ex secretaria general de la Policía Federal, y Damián Canales Mena, ex jefe de la División de Inteligencia. Ambos formaron parte del círculo político y operativo del ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, durante los gobiernos priistas en Hidalgo y posteriormente en el gabinete federal de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con la resolución confirmada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Frida Martínez fue inhabilitada por 20 años para ejercer cargos públicos, mientras que Damián Canales recibió una sanción de 15 años. Además, ambos deberán responder por una indemnización económica superior a los 65 millones de dólares.
El polémico contrato de espionaje
La investigación apunta a un contrato firmado en diciembre de 2015 para la adquisición de un sistema de vigilancia masiva denominado “Rafael”, diseñado para tareas de inteligencia de la Policía Federal y la Gendarmería.
Según las autoridades, el gobierno mexicano realizó un anticipo inicial de 39.2 millones de dólares y posteriormente cubrió otras cuatro facturas por 26.3 millones de dólares. Sin embargo, los pagos se detuvieron en 2016 pese a que los recursos ya estaban contemplados en el presupuesto federal.
La Secretaría Anticorrupción sostiene que el software jamás operó de forma funcional y que las irregularidades provocaron un daño al erario estimado en más de 807 millones de pesos, cifra respaldada por observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El caso también reabre preguntas sobre la expansión de sistemas de vigilancia durante el sexenio de Peña Nieto, una etapa marcada por polémicas relacionadas con espionaje gubernamental y contratos de seguridad opacos.
El regreso a la escena de Osorio Chong
Aunque las sanciones fueron impuestas directamente contra Frida Martínez y Damián Canales, el caso inevitablemente vuelve a colocar bajo presión política a Miguel Ángel Osorio Chong, quien fue uno de los hombres más poderosos del gobierno peñista.
Frida Martínez trabajó con Osorio Chong desde su administración en Hidalgo y posteriormente ocupó cargos estratégicos en el CISEN y la Policía Federal cuando el priista encabezaba la Secretaría de Gobernación. Damián Canales también formó parte de la estructura de seguridad hidalguense durante el mandato de Osorio Chong como gobernador.
La propia Secretaría Anticorrupción señaló que la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación penal relacionada con este esquema de presunto desvío de recursos.
Un caso que conecta corrupción, inteligencia y poder político
Más allá de las sanciones administrativas, el expediente revive una de las zonas más sensibles del viejo aparato de seguridad mexicano: el uso de contratos tecnológicos y sistemas de inteligencia bajo esquemas poco transparentes.
Durante los años posteriores a la llamada “guerra contra el narcotráfico”, el presupuesto destinado a espionaje, inteligencia y vigilancia creció de forma acelerada en México. Parte de esos recursos terminaron bajo observación de organismos fiscalizadores y organizaciones civiles por posibles actos de corrupción y abuso de poder.
Ahora, casi una década después de firmado el contrato con la empresa israelí, el gobierno federal busca presentar el caso como una muestra de combate a la impunidad dentro de las estructuras heredadas del priismo.
Sin embargo, el expediente también deja una pregunta política: si dos de los principales operadores administrativos y de inteligencia de la Policía Federal ya fueron sancionados, ¿hasta dónde podrían escalar las investigaciones? ⑧