La ofensiva judicial de Washington contra funcionarios ligados a Sinaloa entra en una nueva fase mientras crecen las dudas sobre el futuro político del círculo cercano de Rubén Rocha Moya.
El cerco judicial de Estados Unidos sobre funcionarios y exfuncionarios ligados al gobierno de Sinaloa continúa estrechándose. Este viernes, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública durante la administración de Rubén Rocha Moya, compareció ante una corte federal en Nueva York y se declaró “no culpable” de los cargos relacionados con narcotráfico y conspiración criminal que le imputa el gobierno estadounidense.
Horas después, distintos medios nacionales e internacionales confirmaron que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, también se entregó a autoridades estadounidenses, convirtiéndose en el segundo exfuncionario del círculo cercano de Rocha Moya en quedar bajo custodia de EE.UU. en menos de una semana.
El episodio profundiza una de las crisis políticas más delicadas para Morena y para el gobierno sinaloense desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló, el pasado 29 de abril, acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios presuntamente vinculados con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.
Gerardo Mérida: de secretario de Seguridad a acusado federal en Nueva York
De acuerdo con documentos judiciales y reportes de medios estadounidenses y mexicanos, Mérida Sánchez fue detenido tras ingresar a territorio estadounidense por Arizona el pasado 11 de mayo y posteriormente trasladado a Nueva York.
La fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York lo acusa de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y colaboración con el Cártel de Sinaloa. Según las acusaciones difundidas por autoridades estadounidenses, el exsecretario habría recibido sobornos mensuales a cambio de brindar protección institucional a “Los Chapitos”.
Durante una audiencia breve ante la jueza Sarah Netburn, el exfuncionario negó los cargos. El proceso judicial apenas comienza, pero el caso ya representa uno de los golpes políticos más severos contra un exresponsable de seguridad estatal desde el juicio y condena de Genaro García Luna en Estados Unidos.
El dato resulta aún más explosivo porque apenas días antes Mérida había promovido un amparo en México para intentar frenar cualquier posible orden de detención o extradición relacionada con las acusaciones estadounidenses.
Enrique Díaz Vega también cae bajo jurisdicción estadounidense
Mientras la atención mediática se concentraba en la audiencia de Mérida, comenzó a circular otra noticia con enorme peso político: Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, se entregó voluntariamente a autoridades estadounidenses en Nueva York.
Según las acusaciones reveladas por medios que tuvieron acceso al expediente estadounidense, Díaz Vega habría fungido como operador político y financiero entre funcionarios del gobierno sinaloense y líderes del Cártel de Sinaloa.
Los documentos judiciales citados por la prensa estadounidense y mexicana señalan presuntos pagos, protección política y colaboración electoral durante el proceso de 2021 en Sinaloa. Incluso, se menciona que el exfuncionario habría proporcionado información sobre adversarios políticos para facilitar actos de intimidación por parte del crimen organizado.
La acusación también pone bajo escrutinio el rápido crecimiento patrimonial del exsecretario, incluyendo compras millonarias realizadas en efectivo.
El caso Rocha Moya entra en una nueva fase
La entrega de ambos exfuncionarios modifica por completo el escenario político alrededor del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Hasta hace apenas dos semanas, el gobierno federal sostenía que Estados Unidos no había entregado pruebas suficientes para proceder contra los señalados.
Ahora, la situación cambia radicalmente: dos piezas clave del aparato estatal sinaloense ya están físicamente bajo jurisdicción estadounidense y podrían eventualmente negociar acuerdos de cooperación con fiscales federales.
Ese punto es particularmente sensible porque los procesos en cortes federales de Nueva York suelen construirse a partir de testimonios colaborativos, como ocurrió en el caso de García Luna y anteriormente con múltiples líderes del narcotráfico mexicano.
El silencio de Morena y del oficialismo federal frente al avance del caso también comienza a llamar la atención. Mientras las acusaciones contra funcionarios sinaloenses escalan en tribunales estadounidenses, la narrativa pública del gobierno mexicano continúa centrada en exigir pruebas formales y evitar pronunciamientos definitivos sobre Rocha Moya y su círculo político.
Más allá de Sinaloa: el mensaje político de Washington
El movimiento de Estados Unidos parece formar parte de una estrategia más agresiva contra estructuras políticas presuntamente vinculadas con organizaciones criminales mexicanas.
Analistas y observadores políticos consideran que Washington busca enviar un mensaje: la cooperación bilateral en seguridad ya no se limitará únicamente a perseguir capos del narcotráfico, sino también a funcionarios señalados de brindar protección institucional.
En un contexto donde el narcotráfico ha sido señalado por académicos y organismos internacionales como un factor de captura política y violencia electoral en México, el caso Sinaloa podría convertirse en un precedente histórico.
La gran incógnita ahora es qué ocurrirá con el resto de los funcionarios mencionados en las investigaciones estadounidenses y, sobre todo, si las autoridades mexicanas mantendrán la misma postura conforme los procesos avancen en cortes federales de EE.UU. ⑧