El Instituto Nacional Electoral advirtió a la Cámara de Diputados que organizar simultáneamente la elección judicial y los comicios federales y locales de 2027 podría provocar una saturación operativa, presupuestaria y logística sin precedentes. Morena ya analiza una reforma para mover la votación judicial a 2028.
El Instituto Nacional Electoral (INE) encendió una nueva alerta sobre la viabilidad de la reforma judicial impulsada por el oficialismo. En un documento técnico entregado a la Cámara de Diputados, el organismo electoral solicitó aplazar hasta 2028 la elección de jueces y magistrados prevista para 2027, al considerar que realizarla junto con los comicios federales y locales podría provocar un “colapso” operativo del sistema electoral mexicano.
La advertencia ocurre apenas meses después de la histórica aprobación de la reforma judicial que abrió la puerta a la elección popular de integrantes del Poder Judicial, uno de los proyectos más polémicos del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Según el análisis del INE, en 2027 coincidirían múltiples procesos electorales: la renovación de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, miles de ayuntamientos, congresos locales y, además, la elección de cientos de jueces y magistrados federales y estatales.
El organismo calcula que esto obligaría a duplicar prácticamente toda la infraestructura electoral nacional.
De acuerdo con el documento, sería necesario instalar más de 353 mil casillas y capacitar a más de 3.1 millones de ciudadanos como funcionarios electorales. Además, el INE tendría que imprimir cerca de 985 millones de boletas y desarrollar sistemas paralelos para el conteo y transmisión de resultados.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, estimó que celebrar la elección judicial en 2027 implicaría un gasto adicional cercano a los 8 mil millones de pesos, mientras que moverla a 2028 reduciría el costo aproximado a 6 mil millones.
Morena abre la puerta a modificar la reforma judicial
La petición del INE ya comenzó a mover piezas dentro del Congreso.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que existe disposición para discutir un periodo extraordinario de sesiones y analizar cambios al calendario aprobado en la reforma judicial de 2024.
Legisladores oficialistas como Javier Corral, Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar ya impulsan propuestas para aplazar la elección judicial y corregir fallas detectadas durante el primer ejercicio electoral derivado de la reforma.
Entre los problemas identificados aparecen mecanismos de selección cuestionados, dificultades técnicas y preocupaciones sobre la calidad de los perfiles que llegarían a las boletas.
Incluso dentro del oficialismo han surgido críticas por la improvisación del modelo y por el riesgo de convertir la elección judicial en un proceso masivo difícil de entender para los votantes.
Una reforma bajo presión
La discusión ocurre en medio de crecientes cuestionamientos nacionales e internacionales sobre la reforma judicial mexicana.
Organismos empresariales, especialistas en derecho constitucional y observadores internacionales han advertido que la elección popular de jueces podría politizar al Poder Judicial y debilitar su independencia.
Ahora, el propio árbitro electoral mexicano reconoce públicamente que el calendario aprobado podría ser inviable.
El documento del INE también señala que, si no se modifica la Constitución, los ciudadanos tendrían que acudir el mismo día a dos centros de votación distintos: uno para las elecciones políticas tradicionales y otro para la elección judicial, debido a que ambos procesos tienen reglas y estructuras separadas.
Para diversos analistas, el debate ya no gira únicamente alrededor de si la elección judicial es democrática o no, sino sobre si el Estado mexicano tiene capacidad real para organizarla sin poner en riesgo la estabilidad del sistema electoral.
El reloj corre contra el Congreso
El Congreso mexicano tiene poco margen de maniobra. Ricardo Monreal reconoció que existe un límite constitucional para modificar leyes electorales antes del inicio formal del proceso de 2027, y el plazo vence el próximo 3 de junio.
Eso obliga al oficialismo y a la oposición a definir en cuestión de semanas si están dispuestos a reabrir una de las reformas más emblemáticas y controvertidas de los últimos años.
La discusión podría convertirse en una nueva prueba para Morena: defender intacta la reforma judicial o admitir que el modelo aprobado apresuradamente enfrenta problemas estructurales incluso antes de entrar plenamente en operación. ⑧