La agresión ocurre días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara al gobernador con licencia de Sinaloa de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Aunque la casa estaba deshabitada, el mensaje político detrás del ataque sacude nuevamente a Culiacán.
La violencia política y criminal en Sinaloa volvió a cruzar una línea simbólica este sábado. Un grupo armado atacó a balazos una vivienda en la colonia Las Quintas, en Culiacán, inmueble vinculado al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Aunque las autoridades aseguraron que la propiedad llevaba más de una década deshabitada y que no hubo personas heridas, el hecho ocurre en uno de los momentos más delicados para el morenista y para el propio oficialismo federal.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que el ataque ocurrió hoy sábado 9 de mayo de 2026 alrededor de las 10:12 de la mañana y que peritos de la Fiscalía de Sinaloa acudieron al lugar para iniciar las investigaciones. Versiones periodísticas señalan que un recibo de luz encontrado dentro del inmueble permitió confirmar que la propiedad pertenece a Rocha Moya.
La casa atacada no es cualquier domicilio. De acuerdo con diversos reportes, fue una residencia históricamente ligada al círculo político de Rocha Moya y habría sido habitada también por el senador Enrique Inzunza Cázarez, uno de sus aliados más cercanos.
Pero el atentado trasciende lo material. En el México actual, disparar contra una propiedad vinculada a un exgobernador bajo investigación internacional tiene inevitablemente una lectura política y criminal.
El ataque ocurre apenas días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputara formalmente a Rocha Moya y a otros funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y la facción de “Los Chapitos”. Las acusaciones, que el mandatario con licencia ha negado públicamente, provocaron una crisis política en Morena y obligaron al gobernador a separarse temporalmente del cargo.
Desde entonces, Sinaloa vive una mezcla explosiva de vacío político, presión internacional y reacomodos criminales. La presencia militar se ha intensificado en Culiacán mientras continúan episodios de violencia ligados a la guerra interna entre facciones del cártel. Apenas esta semana, un ataque incendiario en un casino de la capital sinaloense dejó una trabajadora muerta.
En ese contexto, las balas contra la casa de Rocha Moya parecen menos un hecho aislado y más una advertencia.
El atentado también exhibe el nivel de deterioro institucional que enfrenta el estado. Durante años, Rocha Moya construyó una narrativa de estabilidad política mientras la violencia crecía debajo del discurso oficial. Hoy, tras las acusaciones de Estados Unidos y el colapso político de su administración, esa narrativa parece haberse derrumbado por completo.
La pregunta ya no es únicamente si Rocha Moya podrá defenderse jurídicamente de las acusaciones en su contra. La pregunta es qué tan profundo llegó el proceso de descomposición entre política y crimen organizado en Sinaloa.
Y también qué tan lejos está dispuesto a llegar el Estado mexicano para investigar a uno de los cuadros más importantes que Morena tuvo en el noroeste del país.
Hasta ahora, el gobierno federal ha insistido en que no tenía información previa sobre presuntos vínculos entre Rocha Moya y el narcotráfico. Sin embargo, la crisis ha escalado tan rápido que incluso la dirigencia nacional morenista ha tenido que intentar marcar distancia pública del caso. ⑧