La administración Trump endurece su postura frente a México mientras crecen las acusaciones de narcopolítica, las tensiones bilaterales y la presión sobre la infraestructura diplomática mexicana en territorio estadounidense.
La relación entre México y Estados Unidos entró esta semana en una nueva fase de tensión diplomática. El Departamento de Estado estadounidense inició una revisión de los 53 consulados mexicanos que operan en territorio estadounidense, una medida que podría derivar en el cierre de algunas sedes diplomáticas y que representa uno de los movimientos más agresivos de Washington contra la infraestructura consular mexicana en décadas.
La decisión, reportada inicialmente por CBS News y posteriormente confirmada por otras agencias internacionales, ocurre en medio de un deterioro acelerado de la relación bilateral marcado por acusaciones de narcotráfico contra figuras cercanas a Morena, tensiones en torno a la seguridad fronteriza y el creciente discurso nacionalista del presidente Donald Trump.
De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por Reuters y AP, la revisión forma parte de una estrategia para alinear la política exterior con la agenda “America First” impulsada desde Washington. Aunque el Departamento de Estado no ha explicado oficialmente qué consulados podrían ser afectados ni bajo qué criterios, el simple anuncio envía un mensaje político contundente: México ha dejado de ser visto únicamente como socio estratégico y comienza a ser tratado como un problema de seguridad nacional.
El movimiento tiene implicaciones enormes. México mantiene la red consular más grande de cualquier país dentro de Estados Unidos debido al tamaño de la comunidad mexicana y mexicoamericana. Esos consulados no solo emiten pasaportes y matrículas consulares; también brindan asistencia legal, protección a migrantes, apoyo en detenciones migratorias y servicios comunitarios para millones de personas.
En términos políticos, la revisión parece responder a una suma de factores que han tensado la relación bilateral durante las últimas semanas. Entre ellos destacan la muerte de dos agentes estadounidenses durante un operativo antidrogas en Chihuahua, las contradicciones públicas de autoridades mexicanas sobre el caso y las recientes acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios vinculados al oficialismo mexicano.
La administración Trump también ha endurecido su discurso respecto a México. El presidente estadounidense ha reiterado amenazas de intervención unilateral contra los cárteles y ha insistido en que, si el gobierno mexicano “no actúa”, Estados Unidos lo hará.
El problema para México es que esta revisión ocurre en un contexto donde Washington parece construir una narrativa según la cual las estructuras del Estado mexicano —o al menos sectores del poder político— habrían sido permeadas por el crimen organizado. Bajo esa lógica, los consulados dejan de verse únicamente como oficinas diplomáticas y pasan a ser examinados como posibles instrumentos de influencia política, migratoria o incluso operativa.
Medios como El País señalan que figuras de la derecha estadounidense han impulsado teorías sobre una presunta injerencia política mexicana a través de la red consular en Estados Unidos, particularmente en comunidades migrantes con peso electoral. Aunque no existe evidencia pública que respalde esas acusaciones, el hecho de que comiencen a circular en el ecosistema político estadounidense revela hasta qué punto la relación bilateral se ha contaminado de desconfianza.
La revisión también golpea un símbolo histórico de la política exterior mexicana. Durante décadas, México construyó buena parte de su presencia internacional alrededor de la protección consular y la defensa de sus ciudadanos en el extranjero. La vasta red de consulados fue uno de los pilares diplomáticos del país, especialmente frente a las oleadas migratorias hacia Estados Unidos.
Ahora, esa misma estructura se encuentra bajo sospecha.
Para millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, el temor no es abstracto. El cierre o debilitamiento de consulados podría dificultar trámites esenciales, reducir asistencia legal y dejar más vulnerables a comunidades migrantes en medio de un ambiente político crecientemente hostil.
Pero el golpe más delicado quizá sea político. La revisión estadounidense ocurre justo cuando el oficialismo mexicano intenta proyectar estabilidad y control frente a las acusaciones de narcopolítica que comienzan a emerger desde Washington. La señal que envía Estados Unidos es clara: la desconfianza ya no se limita a gobiernos estatales o actores criminales; empieza a extenderse hacia instituciones diplomáticas del propio Estado mexicano. ⑧