El bloque oficialista enfrenta fracturas internas: el PT se rebela contra el corazón político de la iniciativa, mientras Morena intenta salvar una reforma que redefine las reglas del juego electoral rumbo a 2027.
La discusión del llamado “Plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum arrancó en el Senado en medio de tensiones que exponen, quizá como nunca antes, las grietas dentro del propio bloque gobernante. Lo que parecía un ajuste estratégico tras el fracaso del “Plan A” hoy enfrenta un riesgo real de naufragio, particularmente en uno de sus puntos más sensibles: la revocación de mandato.
El proyecto logró superar su primer filtro en comisiones, pero lo hizo sin consenso pleno entre los aliados de Morena. El Partido del Trabajo (PT), pieza clave para alcanzar mayorías calificadas, ha marcado distancia abierta, sobre todo por la intención de empatar la revocación de mandato presidencial con las elecciones intermedias de 2027.
Ese punto no es menor. De aprobarse en sus términos actuales, la consulta de revocación podría realizarse el mismo día en que se renovarán la Cámara de Diputados y hasta 17 gubernaturas, alterando una regla vigente que prohíbe expresamente que este mecanismo coincida con procesos electorales.
El punto de quiebre: campaña desde el poder
El aspecto más polémico de la reforma no es únicamente el calendario, sino lo que permitiría: que la propia presidenta participe activamente en la promoción del voto durante el proceso de revocación.
El dictamen establece que la persona sujeta a revocación “podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor”, una modificación que rompe con las restricciones aplicadas en 2022 durante el ejercicio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para el PT y la oposición, este cambio abre la puerta a una ventaja estructural del Ejecutivo en turno. En términos políticos, implicaría que la presidencia pueda hacer campaña en paralelo a elecciones clave, diluyendo la línea entre gobierno y contienda electoral.
La defensa del oficialismo se centra en el argumento del ahorro presupuestal y la eficiencia institucional. Desde Palacio Nacional se ha sostenido que unificar procesos permitiría reducir costos y aumentar la participación ciudadana.
Pero el cálculo político es evidente: 2027 no solo será una elección intermedia, sino un punto de inflexión en la consolidación del proyecto de la llamada Cuarta Transformación.
Un aliado incómodo
El problema para Morena no es la oposición —previsible y frontal—, sino la resistencia interna. El PT, aliado histórico desde 2018, ha endurecido su postura y advierte que la reforma podría alterar el equilibrio democrático y favorecer una concentración de poder.
Sin sus votos, el oficialismo enfrenta un escenario complejo. La reforma constitucional requiere mayoría calificada, algo que Morena no puede alcanzar por sí solo. Esta fragilidad explica el tránsito hacia un “Plan B”: una versión recortada que intenta rescatar los elementos políticamente viables tras el rechazo inicial del paquete completo.
Aun así, la negociación no ha logrado disipar el conflicto central. La revocación de mandato —convertida en el eje simbólico y estratégico de la reforma— se mantiene como la línea roja para el PT.
Más allá de la revocación: el rediseño del sistema
Aunque el debate público se ha concentrado en la revocación, el Plan B forma parte de una transformación más amplia del sistema electoral mexicano.
Entre sus objetivos están la reducción del gasto electoral, cambios en la representación proporcional, ajustes en la integración del Congreso y nuevas reglas para campañas, incluyendo la regulación del uso de tecnologías y propaganda.
En conjunto, se trata de un rediseño que, según el gobierno, busca austeridad y simplificación institucional; pero que, según críticos, podría debilitar contrapesos y reconfigurar el equilibrio político a favor del partido en el poder.
Un naufragio anunciado
La discusión en el Senado apenas comienza, pero el desenlace parece condicionado desde el inicio. Sin el respaldo del PT, el Plan B corre el riesgo de convertirse en una victoria parcial o, en el peor de los casos, en un nuevo intento fallido.
Más allá del resultado legislativo, el episodio deja una señal clara: la cohesión del bloque gobernante ya no es automática. Y en política, cuando los aliados comienzan a disentir en público, el problema rara vez es solo técnico.
Rumbo a 2027, la disputa por las reglas del juego ya empezó. ⑧