La reforma electoral promovida por Claudia Sheinbaum abre un debate profundo sobre el futuro de la competencia política en México y sobre los riesgos de rediseñar las reglas del sistema desde el poder.
Las democracias dependen de reglas claras. Y cuando quien gobierna decide cambiarlas, siempre vale la pena mirar con atención.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado una reforma electoral que, según el discurso oficial, busca reducir el costo de la democracia y simplificar el sistema político mexicano. Sobre el papel, la propuesta suena razonable: menos gasto, menos burocracia y un sistema más eficiente.
Pero las reformas electorales nunca son sólo administrativas. En política, el diseño de las reglas determina quién puede competir y en qué condiciones.
Por eso, cuando un gobierno impulsa una reforma electoral desde el poder, la pregunta inevitable es si busca mejorar la democracia… o consolidar su propia ventaja.
El sistema que permitió la alternancia
México no siempre tuvo un sistema político competitivo.
Durante gran parte del siglo XX, el partido en el poder dominaba prácticamente todas las instituciones. Las elecciones existían, pero las condiciones para la competencia eran profundamente desiguales.
Las reformas electorales de los años noventa —particularmente la de 1996— cambiaron ese escenario. Aquella reforma fortaleció la autonomía de las autoridades electorales y amplió mecanismos diseñados para equilibrar la competencia política.
Entre ellos estaban la representación proporcional en el Congreso y el acceso equitativo de los partidos a los medios de comunicación.
El objetivo era claro: que incluso partidos pequeños pudieran tener presencia política y que la competencia no estuviera definida únicamente por el dinero o por el control del aparato del Estado.
Ese sistema imperfecto, pero más equilibrado, fue el que permitió la transición democrática del año 2000 y, años después, la llegada de Morena al poder.
En otras palabras: las reglas que hoy se quieren modificar fueron también las reglas que hicieron posible la alternancia.
El papel de las minorías en una democracia
Uno de los elementos centrales de ese sistema fue la representación proporcional.
Los llamados legisladores plurinominales suelen ser impopulares entre la opinión pública. Se les percibe como una forma de que los partidos “entren por la puerta trasera” al Congreso.
Pero su función original era evitar que una mayoría electoral se convirtiera automáticamente en un control absoluto del poder legislativo.
En sistemas puramente mayoritarios, el partido que gana más distritos puede terminar con una mayoría abrumadora en el Congreso, incluso si obtuvo una proporción mucho menor del voto total.
La representación proporcional busca corregir ese desequilibrio y garantizar que las minorías políticas también tengan voz.
Reducir esos espacios puede parecer una medida de austeridad política. Pero también puede alterar profundamente el equilibrio entre mayorías y oposiciones.
La paradoja del poder
Hay, además, una ironía política difícil de ignorar.
Durante años, Morena defendió con fuerza muchas de las reglas electorales que hoy se cuestionan. Cuando el partido era oposición, el acceso equitativo a medios y la representación proporcional eran vistos como herramientas indispensables para competir contra el poder establecido.
Hoy, desde el gobierno, algunas de esas mismas reglas se presentan como excesos del sistema electoral.
La historia política está llena de estas paradojas. Las reglas que protegen a la oposición suelen ser defendidas con fervor… hasta que quienes las defendían llegan al poder.
La propuesta presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum no surge en el vacío político. Morena controla actualmente la Presidencia de la República, tiene mayoría en el Congreso y gobierna una parte significativa de los estados del país. En ese contexto, cualquier modificación al sistema electoral inevitablemente se interpreta también como un movimiento estratégico dentro del mapa político nacional.
Reformar la democracia desde el poder
Las democracias maduras suelen tener una precaución básica: las reglas electorales se modifican, idealmente, mediante consensos amplios.
No se trata de limitar la capacidad legislativa de las mayorías, sino de reconocer que el sistema electoral es el terreno de juego de todos los actores políticos.
Cuando las reglas se cambian sin acuerdos amplios, siempre aparece una sospecha inevitable: que la reforma busca inclinar la cancha. Y cuando la cancha se inclina demasiado, la competencia política empieza a erosionarse.
El puente de la democracia mexicana
México tardó décadas en construir un sistema electoral que permitiera competencia real entre partidos.
Ese sistema tiene defectos evidentes. Es costoso, complejo y muchas veces excesivamente burocrático. Pero también fue el puente que permitió que la oposición llegara al poder.
Debilitar ese puente puede parecer, en el corto plazo, una ventaja para quien gobierna. El problema es que los puentes democráticos no solo sirven para llegar al poder. También sirven para que otros puedan disputarlo.
Cuando un país empieza a desmontar los mecanismos que permiten la competencia política, la democracia no desaparece de inmediato. Simplemente deja de haber competencia. Y cuando la competencia desaparece, las elecciones siguen existiendo. Lo que desaparece es la posibilidad real de que el partido en el poder pierda.
Morena llegó al poder denunciando durante años un sistema político que consideraba injusto y desigual. Hoy, desde el gobierno, enfrenta un desafío distinto: demostrar que las reformas electorales que impulsa no buscan debilitar la competencia que alguna vez le permitió ganar.
Las reglas de la democracia no solo deben ser justas tanto para quien gobierna, también debe serlo para la oposición. De lo contrario, no es democracia, es otra cosa. ⑧