La Suprema Corte dejó firme la sentencia que ordena al SAT reintegrar más de 103 millones de pesos a Televisa por impuestos pagados hace más de dos décadas. El fallo limita la capacidad de Hacienda para impugnar este tipo de devoluciones y reabre el debate sobre el poder de las grandes corporaciones frente al Estado.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó firme una sentencia que obliga al Servicio de Administración Tributaria a devolver más de 103 millones de pesos a Grupo Televisa por impuestos pagados hace más de dos décadas. El fallo cierra un litigio de largo aliento y, al mismo tiempo, abre un debate actual: hasta dónde puede llegar Hacienda cuando decide impugnar resoluciones favorables a grandes contribuyentes.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió desechar el recurso promovido por la autoridad fiscal y confirmó la sentencia que ordena la devolución de 103 millones 73 mil pesos, más los intereses correspondientes. Con ello, quedó firme el criterio de que la autoridad hacendaria no tenía legitimación para llevar el asunto a revisión en los términos planteados.
El litigio se remonta a ejercicios fiscales de finales de los años noventa y principios de los dos mil. Grupo Televisa impugnó resoluciones relacionadas con devoluciones de impuestos que consideraba indebidamente pagados. Tras pasar por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y tribunales colegiados, el caso llegó a la Corte, donde finalmente se confirmó que la sentencia favorable a la empresa debía ejecutarse.
Para el Servicio de Administración Tributaria, la decisión representa una derrota procesal relevante. No porque el monto —103 millones de pesos— sea determinante en las finanzas públicas, sino porque el criterio delimita su margen de acción en controversias similares. En esencia, la Corte sostuvo que no todo desacuerdo fiscal puede escalarse hasta el máximo tribunal si no se acreditan supuestos constitucionales específicos.
Más allá del tecnicismo jurídico, el caso toca una fibra sensible en la relación entre poder económico y Estado. Televisa no es un contribuyente cualquiera. Es el mayor consorcio de medios del país y una empresa que históricamente ha estado en el centro de debates regulatorios y políticos, desde la concentración del mercado televisivo hasta su influencia en reformas legislativas.
El fallo una devolución derivada de una resolución judicial firme. Sin embargo, el contexto importa. En un país donde el discurso oficial ha insistido en combatir los “privilegios fiscales” de grandes corporaciones, que una de las empresas más influyentes obtenga una devolución millonaria por la vía judicial inevitablemente genera ruido político.
La pregunta de fondo no es si Televisa debía o no recibir ese dinero —eso ya lo resolvieron los tribunales—, sino qué revela el caso sobre el equilibrio entre Estado y grandes empresas. Por un lado, muestra que las corporaciones con capacidad de sostener litigios largos pueden defender con éxito sus intereses. Por otro, confirma que la autoridad fiscal también está sujeta a límites estrictos.
En tiempos en que la relación entre política y negocios vuelve a ocupar titulares, esta sentencia recuerda algo elemental: en el terreno fiscal, el poder no sólo se mide en influencia o tamaño empresarial, sino en la capacidad de litigar durante años hasta obtener una resolución definitiva. ⑧