La prueba de un sistema antidrones sin coordinación con reguladores aéreos provocó un cierre temporal del aeropuerto de El Paso y tensiones entre agencias
El martes 11 de febrero, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una orden de cierre del espacio aéreo comercial sobre El Paso por razones de “seguridad especial”, originalmente anunciada como una restricción de hasta diez días.
Pocos meses antes del arranque del Mundial de FIFA y de las celebraciones de America250, esta maniobra —sin precedentes desde el 11-S— dejó miles de vuelos cancelados o desviados, afectó servicios médicos de evacuación y mantuvo en tierra a pasajeros y carga.
El cierre abrupto del espacio aéreo alrededor del aeropuerto internacional de esta ciudad fronteriza ha encendido alarmas políticas y técnicas tras confirmarse que estuvo ligado a la prueba de un arma láser antidrones por parte del Gobierno de Estados Unidos, sin la coordinación debida con autoridades civiles.
La restricción, inicialmente anunciada por la Federal Aviation Administration (FAA) bajo motivos de “seguridad especial”, suspendió las operaciones aéreas en la zona durante varias horas antes de ser levantada el mismo día. Esta acción inusual representó la primera interrupción significativa del tráfico aéreo comercial en la región desde el 11 de septiembre de 2001.
¿Qué ocurrió realmente?
Fuentes consultadas por medios estadounidenses sostienen que el cierre del espacio aéreo se debió a pruebas de un arma láser de alta potencia diseñada para derribar drones u otros vehículos no autorizados cerca de la frontera con México. El desarrollo del sistema —y sus ubicaciones específicas de prueba— han estado bajo un alto nivel de secreto oficial.
Según informes, el Pentágono autorizó el uso del equipo contra lo que se creyó que era un dron del crimen organizado; posteriormente se determinó que los objetos derribados eran globos o artefactos sin riesgo real.
Estas operaciones involucraron al menos cuatro objetos abatidos cerca de El Paso, pero las fuentes señalan que la falta de comunicación con la FAA y otras agencias civiles fue central en la decisión de cerrar el espacio aéreo como medida preventiva.
La tecnología desplegada
El sistema bajo escrutinio se conoce como LOCUST (Laser Optronic Counter-UAS System), un arma de energía dirigida de alta potencia montada sobre vehículos que puede neutralizar drones al dañar sus componentes críticos, ofreciendo una alternativa de menor costo frente a interceptores tradicionales.
Aunque estas tecnologías han sido probadas en ambientes militares y de frontera, su uso cerca de infraestructura civil —como el aeropuerto de El Paso— es extremadamente raro y plantea riesgos porque los haces de energía dirigida pueden representar una amenaza para aeronaves si no se gestionan con protocolos claros.
Fricciones institucionales
La prueba del arma —descrita como un láser de “alta energía” parecido a sistemas como el Iron Beam israelí— provocó un desencuentro entre autoridades civiles y militares: mientras el Pentágono impulsaba la prueba, la FAA reaccionó con cautela por la seguridad de vuelos comerciales.
Medios estadounidenses indican que la FAA y el Departamento de Defensa (DoD) no lograron coordinar un plan conjunto antes de activar la restricción, lo que derivó en la decisión de cerrar el espacio aéreo como medida de precaución.
Reportes de agencias como Associated Press confirman que el arma fue desplegada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) con autorización militar, sin informar previamente a la FAA, lo que obligó a esta última a tomar la medida drástica para proteger la aviación comercial.
Impacto civil y político
La interrupción afectó vuelos comerciales, servicios de emergencia y miles de pasajeros en El Paso, una ciudad que moviliza millones de personas al año y que se prepara para eventos internacionales que incrementarán el tráfico aéreo.
Legisladores tanto de Estados Unidos como autoridades mexicanas han cuestionado la falta de transparencia y la posibilidad de que tecnologías militares se prueben sin alertar a funcionarios civiles o a países vecinos. La presidenta de México, Claudia Sheinmbaum, declaró públicamente que su gobierno no había sido informado de ninguna amenaza de drones que justificara tal despliegue.
La frontera sur de Estados Unidos ha reportado miles de avistamientos de drones mensuales, y las autoridades han expresado preocupaciones por su uso en actividades ilícitas o por actores armados. Sin embargo, no existen pruebas públicas de ataques significativos en territorio estadounidense.
Este episodio subraya un desafío creciente: cómo integrar tecnologías militares de respuesta a amenazas aéreas sin comprometer la seguridad civil, y cómo las agencias federales deben coordinar sus operaciones cuando emplean armas avanzadas en zonas compartidas con vuelos comerciales y comunidades civiles. ⑧