El Senado aprobó en comisiones la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. El dictamen no incluye la obligación constitucional de dos días de descanso por semana y mantiene ajustes en horas extra, lo que ha generado críticas de sindicatos y colectivos laborales.
El 10 de febrero de 2026, las comisiones unidas del Senado de la República aprobaron el dictamen para reformar el artículo 123 constitucional y reducir la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales.
La iniciativa ahora deberá votarse en el pleno del Senado y, en caso de aprobarse, pasar a la Cámara de Diputados. Se trata de una de las reformas laborales más relevantes de los últimos años porque impacta directamente las condiciones de trabajo de millones de personas en México.
¿Cómo se aplicaría la reducción?
La reducción sería gradual:
- De 2027 a 2030 se disminuirían dos horas por año.
- La meta de 40 horas semanales se alcanzaría al final del periodo de transición.
El dictamen mantiene el esquema actual de descanso: un día por cada seis trabajados, sin establecer de manera explícita dos días de descanso obligatorio por semana.
Además, contempla ajustes en el régimen de horas extra, ampliando el límite semanal permitido bajo pago correspondiente.
El punto más controvertido: los dos días de descanso
El debate público no se ha centrado únicamente en el número de horas, sino en la distribución del tiempo laboral.
Colectivos como el Frente Nacional por las 40 Horas han señalado que sin la garantía constitucional de dos días de descanso semanal, la reforma podría quedarse corta en términos de conciliación entre vida personal y trabajo.
Su argumento es que una reducción de horas no necesariamente implica una semana laboral de cinco días. Bajo el esquema actual, podría mantenerse la distribución en seis días, con jornadas más compactas.
El contexto: México y las jornadas largas
México ha figurado históricamente entre los países con más horas trabajadas al año dentro de la OCDE. Durante décadas, la jornada máxima constitucional ha sido de 48 horas semanales, un estándar superior al de varias economías europeas.
En países como España, la jornada legal es de 40 horas desde los años ochenta. La discusión en México se enmarca en una tendencia internacional que vincula jornadas más cortas con bienestar y productividad, aunque los efectos dependen de la implementación y del contexto económico.
Legisladores afines al gobierno han defendido la gradualidad como un mecanismo para evitar impactos bruscos en la productividad y en los costos empresariales.
Sindicatos y activistas, por el contrario, sostienen que diferir la aplicación total hasta 2030 diluye el efecto inmediato de la reforma. También cuestionan la ampliación del margen de horas extra, al considerar que podría compensar la reducción formal de la jornada.
El debate continuará en el pleno del Senado, donde podrían introducirse modificaciones. Al tratarse de una reforma constitucional, el proceso legislativo requiere mayoría calificada y aprobación posterior en la Cámara de Diputados. De concretarse, también necesitaría el aval de congresos estatales.
La discusión no solo es jurídica, sino económica y social. El resultado definirá si México se alinea con estándares laborales más cercanos a economías desarrolladas o si mantiene un modelo intermedio con ajustes graduales. ⑧