El presidente municipal de Tequila, Jalisco, fue detenido en un operativo federal y es investigado por presunta extorsión a empresarios locales y posibles vínculos con el CJNG, en un caso que vuelve a poner bajo escrutinio la relación entre poder municipal y crimen organizado en México.
El presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, fue detenido el 5 de febrero de 2026 en un operativo federal. La Fiscalía investiga presuntos delitos de extorsión a empresarios locales y posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, en un caso que vuelve a colocar bajo escrutinio la relación entre poder municipal y crimen organizado en México.
La detención del alcalde de Tequila se realizó sin enfrentamientos y fue confirmada por autoridades federales. Navarro, militante de Morena, fue puesto a disposición del Ministerio Público, que mantiene abierta una investigación por presuntas prácticas de cobro ilegal a empresas de la región, principalmente del sector tequilero.
Según reportes, la indagatoria se centra en un esquema mediante el cual funcionarios municipales habrían exigido pagos irregulares a cambio de permitir la operación de negocios o evitar sanciones administrativas. Las autoridades no han detallado aún el monto de los presuntos cobros ni el periodo exacto en el que habrían ocurrido, pero confirmaron que la investigación incluye a otros integrantes del gobierno local.
Tequila es un municipio de alto valor simbólico y económico. Además de ser un destino turístico reconocido internacionalmente, concentra parte relevante de la industria tequilera, un sector que históricamente ha sido vulnerable a la presión del crimen organizado. En este contexto, la detención de un alcalde en funciones adquiere una dimensión que trasciende el ámbito local.
Uno de los ejes de la investigación es la posible relación del edil con el CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas del país, con fuerte presencia en Jalisco y otros estados. Las autoridades han subrayado que las pesquisas continúan y que el alcalde mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial.
El caso provocó reacciones políticas inmediatas. Dirigentes de Morena señalaron que el partido respeta el debido proceso y que ninguna persona debe estar por encima de la ley. No obstante, la detención se suma a otros episodios recientes que han puesto en duda la capacidad de los partidos para impedir la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales.
«No sé lo de Sinaloa, menos lo de Jalisco, una disculpa, apenas, vengo volando y ahí fue donde me di cuenta» – Rubén Rocha Moya
En el ámbito nacional, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, evitó pronunciarse de fondo sobre la detención y se deslindó del caso al señalar que corresponde a Jalisco y a las autoridades federales esclarecer los hechos, según declaraciones recogidas por Latinus.
El gobierno de Jalisco informó que se reforzó la seguridad en el municipio tras la detención, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios públicos y evitar un vacío de poder. La Fiscalía General de la República no ha confirmado si habrá más detenciones, aunque reconoció que la investigación sigue abierta. ⑧