Un informe de Prisoners Defenders, basado en 200 testimonios, documenta un sistema de vigilancia que combina monitoreo en línea, cortes selectivos de Internet e interceptación de comunicaciones privadas.
En Cuba, el temor a expresarse no se limita a lo que se publica en redes sociales. También alcanza a las conversaciones privadas, las llamadas telefónicas y los intercambios cotidianos por mensajería digital. Así lo concluye un nuevo informe elaborado por Prisoners Defenders, organización internacional dedicada al monitoreo de derechos humanos en la isla, a partir de 200 testimonios directos de ciudadanos cubanos.
El documento, titulado Primer Informe Integral sobre la Vigilancia Digital en Cuba, describe un sistema de control que combina herramientas tecnológicas, gestión restrictiva de la conectividad y mecanismos de coerción fuera de línea. Según el estudio, 98.5% de las personas consultadas reportó haber enfrentado sanciones, citaciones o amenazas —directas o contra familiares— vinculadas a sus publicaciones o comunicaciones digitales.
Del monitoreo en línea a la coerción presencial
Uno de los ejes del informe es la relación directa entre la actividad digital y las acciones presenciales de las autoridades. 88% de los declarantes señaló que sus publicaciones o mensajes fueron mencionados explícitamente durante citaciones, interrogatorios o detenciones.
El reporte subraya que la vigilancia no se limita a contenidos públicos. 46.5% afirmó que mensajes privados en aplicaciones de mensajería fueron reproducidos o referidos por funcionarios durante interrogatorios, sin notificación previa ni constancia de control judicial. Prisoners Defenders documenta también casos de accesos no autorizados a cuentas digitales y alteraciones de contraseñas.
Internet como instrumento de control
El análisis sitúa estas prácticas dentro de un entorno de conectividad restringida y centralizada. Sólo 5% de los participantes dijo no haber experimentado anomalías en su acceso a Internet. En contraste, 77.5% reportó cortes selectivos de conexión que les afectaron de forma individual, mientras otras personas mantenían acceso normal, especialmente en contextos de protesta o actividad política.
Además, 63% indicó bloqueos de plataformas de mensajería o sitios web accesibles únicamente mediante servicios de VPN. El informe señala que estas interrupciones selectivas refuerzan la percepción de vigilancia constante y elevan el costo de la participación digital.
Vigilancia física y presión sobre familiares
Los efectos descritos trascienden el ámbito tecnológico. 84.5% de los testimonios recogidos por Prisoners Defenders reportó vigilancia física posterior a su actividad digital, incluyendo presencia policial frente a domicilios, patrullajes, seguimientos o visitas de advertencia.
El impacto alcanza también al entorno familiar. 88% de los declarantes afirmó que familiares o personas cercanas enfrentaron represalias —citaciones, amenazas, detenciones, pérdida de empleo o dificultades educativas— asociadas a la expresión digital de los participantes. El informe interpreta estas acciones como una estrategia de presión indirecta que amplifica el efecto disuasorio sin recurrir necesariamente a procesos judiciales formales.
Autocensura como consecuencia
Incluso dentro de una muestra compuesta mayoritariamente por activistas y familiares de presos políticos, el informe identifica cambios significativos de conducta. 55.5% dijo haber modificado su comportamiento digital por temor a represalias. En concreto, 24% dejó de publicar contenidos políticos y 21% eliminó publicaciones antiguas como medida preventiva.
El nivel de temor varía según el canal utilizado. Las llamadas telefónicas, Facebook y los grupos de WhatsApp concentran los promedios más altos, mientras que aplicaciones con mayor cifrado presentan niveles ligeramente menores, aunque aún relevantes.
Un modelo híbrido de control
En sus conclusiones, Prisoners Defenders sostiene que la vigilancia digital en Cuba opera como parte de un modelo híbrido de control, que combina monitoreo tecnológico, manipulación de la conectividad, coerción presencial y presión sobre el entorno familiar. Más allá de los casos individuales, el efecto acumulado es la normalización del silencio y la autocensura como mecanismos de protección.
El informe plantea, además, interrogantes sobre el respeto a derechos fundamentales en el entorno digital, particularmente en contextos donde el acceso a Internet depende de un monopolio estatal y donde la frontera entre lo público y lo privado se vuelve cada vez más difusa. ⑧