Aliados clave del oficialismo cuestionan la necesidad de la reforma y advierten que Morena no tiene los votos para aprobarla sola.
La viabilidad de la reforma electoral impulsada por el gobierno federal quedó en entredicho esta semana, no por la oposición, sino por sus propios aliados legislativos. El Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) advirtieron públicamente que sin su respaldo no existe mayoría calificada suficiente para modificar la Constitución, y que cualquier intento de ignorar esa realidad sería, en palabras del PT, un autoengaño político.
El mensaje fue directo. Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, cuestionó incluso la necesidad misma de una reforma electoral, recordando que el actual marco institucional permitió a la coalición gobernante ganar la Presidencia, el Congreso y la mayoría de las gubernaturas. “La Cuarta Transformación depende de nuestros votos”, afirmó, subrayando que Morena no puede avanzar sola en cambios constitucionales.
La advertencia no es retórica. Para aprobar una reforma constitucional se requieren dos terceras partes de la Cámara de Diputados, es decir, 335 votos. Morena cuenta por sí sola con 253 diputados, una cifra insuficiente incluso si se asume un respaldo pleno del PVEM sin el PT.
Desde la bancada petista, el mensaje fue reiterado con mayor dureza. “Quien quiera engañarse, que lo haga solo; sin PT y PVEM no hay reforma electoral”, señalaron legisladores del partido, dejando claro que el bloque oficialista no es monolítico y que las mayorías calificadas no están garantizadas.
El distanciamiento revela una tensión de fondo dentro de la coalición gobernante. A diferencia de reformas anteriores, en las que los partidos aliados acompañaron sin fisuras las iniciativas presidenciales, esta vez el PT plantea una pregunta incómoda: ¿para qué reformar un sistema electoral que ya permitió la continuidad del proyecto en el poder?
Hasta ahora, ni el PT ni el PVEM han presentado una oposición técnica detallada al contenido de la reforma. Sin embargo, el cuestionamiento público a su pertinencia sugiere que el desacuerdo no es menor y que las negociaciones internas apenas comienzan.
Para el gobierno de Claudia Sheinbaum, el episodio marca una primera prueba de gobernabilidad legislativa. A diferencia del sexenio anterior, en el que el liderazgo presidencial concentraba la disciplina del bloque oficialista, el nuevo escenario exhibe mayor autonomía —y cálculo— entre los aliados.
El debate ocurre, además, en un contexto de alta sensibilidad política. México se encamina hacia el proceso electoral de 2027, el más grande de su historia reciente, y cualquier modificación a las reglas del juego será observada con lupa tanto por actores políticos como por organismos electorales y la opinión pública.
La advertencia del PT y del PVEM expone una realidad que Morena no puede eludir: la mayoría simple no equivale a mayoría constitucional. La reforma electoral, lejos de ser un trámite legislativo, se ha convertido en un punto de fricción que pone a prueba la cohesión de la 4T y la capacidad del nuevo gobierno para construir consensos duraderos.
Sin acuerdos internos, la reforma no sólo enfrenta un obstáculo numérico, sino un riesgo político mayor: revelar que la coalición en el poder ya no vota en automático. ⑧