La ONU ha activado una medida excepcional para México: el artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas. Es una señal inequívoca de que la comunidad internacional considera que el Estado mexicano no está respondiendo a la crisis humanitaria más grave del país.
El reciente anuncio del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU sobre la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas marca un momento clave para México. Lo que significa, en términos simples, es que el sistema internacional decidió intervenir porque considera que el gobierno mexicano ya no puede, o no quiere, enfrentar de manera efectiva la grave crisis de personas desaparecidas que vive el país.
Esta Convención fue creada en 2006 con un propósito muy claro: evitar que las desapariciones forzadas queden impunes y garantizar que los países actúen con rapidez para encontrarlas. México se unió en 2008 y, al hacerlo, aceptó que la ONU pudiera revisar y acompañar sus esfuerzos cuando las instituciones nacionales no fueran suficientes.
El artículo 34 es una medida extrema. Se aplica solo cuando el Comité detecta que en un país existe un patrón de desapariciones y que las autoridades no están respondiendo adecuadamente. Cuando esto ocurre, el Comité puede intervenir de dos formas: enviando los casos a la Corte Penal Internacional si considera que el gobierno o sus funcionarios son responsables, o brindando apoyo técnico y económico para mejorar los mecanismos de búsqueda y justicia.
Desde 2012, más de sesenta colectivos de madres buscadoras y organizaciones civiles mexicanas han pedido ayuda a este Comité. México fue llamado a rendir cuentas en 2015 y, nuevamente, en 2018. Después, en 2021, una misión de la ONU visitó el país y elaboró un informe en 2022 donde se detallaron graves fallas: impunidad, omisiones, falta de coordinación y manipulación de cifras. Nada de eso fue corregido.
A la fecha, México encabeza la lista mundial de solicitudes de ayuda urgente con 779 casos, seguido por Irak, Colombia y Cuba. Y eso solo refleja una parte del problema: más de 130,000 personas oficialmente desaparecidas, aunque todos sabemos que la cifra real es mucho mayor. Por eso el Comité decidió activar el artículo 34 ante una crisis que ya no puede ocultarse.
Sin embargo, la reacción del gobierno fue rechazar la decisión. El representante de México ante la ONU declaró que el artículo 34 “debe aplicarse solo en casos excepcionales” y con “criterios objetivos”, como si la tragedia que vivimos no fuera ya lo suficientemente excepcional. Su respuesta refleja una actitud preocupante: un gobierno más interesado en cuidar su imagen que en aceptar ayuda para resolver una emergencia humanitaria.
La soberanía de un país no se pierde cuando pide apoyo internacional; se fortalece cuando muestra voluntad de resolver sus problemas. Pero en este caso, México optó por la cerrazón. La administración de Claudia Sheinbaum sigue el mismo camino que sus antecesores: negar los informes, minimizar los datos y desacreditar a las víctimas. Así, mientras los organismos internacionales ofrecen cooperación, el gobierno mexicano les cierra la puerta.
Detrás de esta negativa hay algo más que orgullo político: hay miedo. Temor de que una investigación más profunda revele responsabilidades directas de funcionarios, fuerzas de seguridad o instituciones del Estado. Si eso se comprobara, el caso podría llegar hasta la Corte Penal Internacional, donde los responsables serían juzgados de manera individual, sin fuero ni discurso que los proteja.
Claro y de Frente
El mensaje que envía la administración Sheinbaum al negarse a colaborar es devastador: las familias están solas. Las madres buscadoras, los colectivos y los defensores de derechos humanos no solo enfrentan el dolor de la ausencia, sino también el muro de indiferencia oficial.
México necesita reaccionar. La sociedad civil debe recuperar el pulso de la indignación más allá del proselitismo cómodo en redes sociales y levantar la voz para exigir verdad, justicia y empatía al gobierno. No podemos normalizar esta tragedia ni aceptar que el gobierno se niegue a recibir ayuda internacional cuando la necesita. Hoy la ONU intenta ayudar a encontrar a nuestros desaparecidos, pero el gobierno prefiere desaparecer su responsabilidad.
Negarse a cooperar no es defender la soberanía, es esconder la vergüenza y la responsabilidad. Un país fuerte es aquel que reconoce sus errores y acepta ayuda para corregirlos. Lo demás es puro discurso. ⑧
Las opiniones aquí vertidas son el punto de vista personal del autor y no necesariamente representan la posición oficial de Hedosapiem, sus editores o colaboradores.