El regreso de James Comey al centro del huracán político no es casualidad. Su imputación reabre viejas heridas en una democracia que sigue juzgando su pasado a través del lente del poder.
El jueves por la mañana, el Departamento de Justicia formalizó la imputación del exdirector del FBI, James Comey, por dos cargos federales: declaraciones falsas ante el Congreso y obstrucción de justicia. No fue una filtración ni una medida de rutina. Fue un mensaje con nombre propio. Un recordatorio de que en la política estadounidense, los capítulos cerrados rara vez lo están del todo.
En Washington, el anuncio desconcertó. Comey llevaba años fuera del centro de atención pública. Su nombre era parte del archivo de la era Trump: las filtraciones, la carta sobre Hillary Clinton a días de las elecciones, su abrupto despido en 2017 y las tensiones en torno al Russiagate. Pero para muchos en el entorno del expresidente, su caso seguía abierto.
La imputación llegó a días de que venciera el plazo legal para procesarlo por su testimonio ante el Senado en 2020, en el que negó haber autorizado filtraciones de información a los medios durante las investigaciones sobre la campaña de Trump. Ese testimonio, que durante años parecía un asunto cerrado, hoy sirve como base para los cargos.
Comey, entre la ley y la política
James Comey fue nombrado director del FBI por Barack Obama en 2013. En julio de 2016, anunció que el FBI no recomendaría cargos contra Hillary Clinton por el manejo de correos electrónicos clasificados, lo que generó la furia de Donald Trump. Pero en octubre de ese año, a apenas 11 días de las elecciones, Comey reabrió la investigación tras el hallazgo de nuevos correos. Esa decisión agitó la campaña y, según varios analistas, pudo haber inclinado la balanza electoral.
Pese a ese giro, la relación entre Trump y Comey nunca fue estable. Ya en la Casa Blanca, Trump le pidió que abandonara la investigación sobre Michael Flynn, su entonces asesor de Seguridad Nacional. Comey se negó. Fue despedido en mayo de 2017. Poco después, testificó ante el Senado que Trump había ejercido presión indebida sobre él. El episodio marcó el inicio formal de la investigación de Robert Mueller sobre la interferencia rusa.
Desde entonces, Trump y sus aliados convirtieron a Comey en blanco recurrente de críticas, acusándolo de parcialidad, abuso de poder y deslealtad institucional. En 2018, Comey publicó sus memorias, en las que describe a Trump como “desvinculado de la verdad y de los valores institucionales”. Ese mismo año, un informe del inspector general del Departamento de Justicia cuestionó su manejo del caso Clinton, aunque no recomendó cargos.
Un símbolo de los antagonismos
En mayo de este año, Comey publicó una imagen en redes sociales donde conchas marinas formaban el mensaje “86 47”. La expresión “86” es jerga popular que implica eliminar o desechar algo, y el “47” se interpretó en círculos conservadores como una referencia a Trump, quien busca convertirse en el 47º presidente. La publicación fue retirada, y Comey negó que tuviera intenciones amenazantes. Sin embargo, la polémica avivó tensiones.
Aliados de Trump celebraron la imputación. El abogado y activista conservador Mike Davis la consideró una “victoria para la justicia”, y figuras como Steve Bannon pidieron extender las investigaciones. Más allá de las frases de impacto, el entusiasmo en ciertos sectores reveló una expectativa latente: la de ver a antiguos funcionarios del “establishment” responder ante la ley.
Pero lo que para algunos es justicia, para otros es una vendetta. No hay evidencia concluyente de que la acusación responda a una orden directa del expresidente. Sin embargo, medios como The Wall Street Journal y AP han documentado que hubo presiones internas en el Departamento de Justicia y discusiones políticas intensas sobre si presentar o no estos cargos antes de las elecciones.
Este caso vuelve a poner en el centro una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto las instituciones judiciales actúan con autonomía cuando los personajes involucrados están cargados de implicancias políticas? El FBI, históricamente cuestionado por su poder discrecional, ahora enfrenta un dilema inverso: cómo protegerse de ser instrumentalizado.
El proceso recién comienza, pero el trasfondo es claro. El caso Comey no es solo una disputa legal: es otro capítulo de una guerra sin tregua entre institucionalismo y poder personal, entre lo que debería ser un Estado de derecho y lo que cada vez más parece un campo de batalla político-judicial. ⑧