La muerte de marinos vinculados al “huachicol fiscal” expone el vacío total del Estado en la protección de testigos potenciales. Un síntoma más de una justicia selectiva y ausente.
Las recientes muertes coincidentes de miembros de la Secretaría de Marina en Tamaulipas, vinculados a los esquemas del llamado “huachicol fiscal”, son más que un episodio aislado de violencia: son evidencia de un Estado incapaz de garantizar la protección mínima a quienes, al ser involucrados en una acusación, se pudieran convertir en valiosos testigos en casos para desarticular redes criminales y de corrupción política de gran calado.
La responsabilidad directa recae en la Fiscalía General de la República (FGR), que, pese a contar con las facultades legales para proteger a estas personas, ha preferido dejar en letra muerta lo que las leyes ordenan desde hace más de una década.
En México existen al menos dos marcos normativos que contemplan la posibilidad de otorgar nuevas identidades a testigos y víctimas cuya vida corre peligro: la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal (2012) y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. Ambas reconocen expresamente que el cambio de identidad y la reubicación nacional o internacional son medidas excepcionales para garantizar la supervivencia de quienes se atreven a enfrentar a estructuras criminales.
El problema es que, en la práctica, estos mecanismos son fantasmas jurídicos. El Centro Federal de Protección a Personas (CFPP), que debió haberse creado desde 2012 para implementar el Programa Federal de Protección a Personas, nunca fue conformado. La propia FGR admite que no existe ni ha existido un órgano administrativo que pueda gestionar un cambio de identidad, ni siquiera en casos donde la amenaza de muerte es evidente. Lo mismo ocurre con las facultades otorgadas por la ley contra la trata de personas: en los archivos de la institución no hay registro de un solo caso en el que se haya otorgado nueva identidad a alguien en riesgo.
Así, mientras las leyes se exhiben como trofeos de papel, la realidad se impone con brutalidad: los testigos en México están desprotegidos. Y cuando estos testigos poseen información capaz de desentrañar entramados de corrupción política, crimen organizado y redes de lavado de dinero, su vulnerabilidad se convierte en sentencia de muerte.
Los marinos fallecidos en Tamaulipas podrían ser piezas sacrificadas en un tablero donde la justicia nunca alcanza a tocar a los jugadores de alto nivel.
El fracaso de la FGR no es casual ni aislado; es parte de una estrategia política más amplia, donde los recursos públicos se dirigen hacia programas que aseguran rentabilidad electoral, en lugar de atender las necesidades estructurales del sistema de justicia. Mientras los fondos para programas sociales fluyen con generosidad —convertidos en herramientas de clientelismo político y compra de votos—, instituciones como hospitales carecen de medicamentos y materiales básicos, y la Fiscalía se declara en “reestructuración” perpetua, incapaz de crear los programas que el marco legal le exige.
Este desvío de prioridades revela la hipocresía del discurso gubernamental. Se invoca la “justicia social” como bandera, pero se niega el financiamiento a los programas que verdaderamente podrían construirla: la protección de testigos, el acceso real a la justicia, la seguridad de quienes colaboran con el sistema penal. ¿De qué sirve una ley si el Estado rehúsa aplicarla? ¿De qué sirve presumir la lucha contra la corrupción si quienes poseen la información para probarla terminan acribillados en carreteras oscuras, sin la menor garantía de protección?
Claro y de Frente.
El caso de las muertes de miembros de la Marina Nacional no es un episodio aislado, sino un síntoma de un problema estructural: la inexistencia de un programa efectivo de protección a testigos en México. No hablamos sólo de marinos acusados de participar en redes de huachicol fiscal; hablamos de víctimas de trata, de testigos de homicidios, de personas que deciden romper pactos de silencio en comunidades asediadas por el crimen organizado. Todos ellos comparten la misma condición: son voces condenadas al silencio, porque el Estado no cumple con la obligación de protegerlas.
La muerte de los miembros de la Marina Nacional debe leerse como una advertencia: mientras la FGR continúe sin activar los mecanismos previstos por ley, cada testigo potencial, que podría colaborar con la justicia, estará expuesto a convertirse en mártir de un sistema fallido.
No se trata sólo de omisión; se trata de responsabilidad directa. Porque la inacción, cuando la ley ofrece herramientas claras, es complicidad. Y en México, la complicidad institucional se paga con vidas humanas. ⑧
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