La organización Prisoners Defenders publicó un informe en el que acusa al gobierno cubano de mantener un sistema de explotación laboral dentro de su red penitenciaria.
La organización no gubernamental española de defensa de derechos humanos, Prisoners Defenders publicó el 15 de septiembre de 2025 un informe titulado “El negocio penitenciario de Cuba: 60 mil prisioneros son usados como fuerza laboral esclava”.
De acuerdo con la organización, alrededor de 60,000 personas privadas de libertad en Cuba —incluidos internos y sancionados en régimen abierto— estarían siendo obligados a trabajar bajo amenazas, violencia o represalias. El estudio se basa en 53 testimonios validados, además de entrevistas adicionales y documentos oficiales a los que la ONG asegura haber tenido acceso.
Los prisioneros entrevistados describieron jornadas de hasta 10 horas diarias, seis o siete días por semana, en condiciones precarias, sin contratos formales ni acceso a equipos adecuados de seguridad. El informe también recoge denuncias de mujeres sometidas a abusos sexuales y trabajos degradantes, incluso durante el embarazo.
Entre las actividades señaladas destacan la producción de carbón vegetal, el corte de caña de azúcar, la fabricación de tabaco, labores agrícolas y de construcción. Prisoners Defenders sostiene que estos productos llegan al mercado internacional, especialmente europeo, lo que supondría beneficios millonarios para el Estado cubano y para empresas importadoras.
En el caso del carbón vegetal, la ONG afirma que en 2023 Cuba exportó cerca de 61,8 millones de dólares, principalmente a España, Portugal, Italia, Grecia y Turquía, gran parte presuntamente producido con mano de obra penitenciaria.
El informe subraya su metodología de muestreo aleatorio y la triangulación con fuentes documentales y estadísticas oficiales. Además, vincula sus hallazgos con normas internacionales como los convenios de la OIT y con nuevas regulaciones de la Unión Europea que prohíben la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.
El gobierno cubano, hasta el momento, no ha emitido una respuesta pública a estas acusaciones.
De confirmarse, los señalamientos podrían tener consecuencias diplomáticas y comerciales para Cuba, así como para empresas europeas vinculadas a la importación de carbón vegetal y tabaco. También abre la puerta a que organismos internacionales activen mecanismos de sanción o bloqueen productos presuntamente vinculados a trabajo forzoso.
Prisoners Defenders ha hecho llamados a la Comisión Europea y a gobiernos nacionales para que investiguen el caso y apliquen controles más estrictos en las cadenas de suministro.
Cuba ha sido objeto de críticas históricas por las condiciones de sus cárceles, pero este informe introduce un elemento adicional: la dimensión económica del trabajo forzoso penitenciario. La acusación se enmarca en un momento de creciente presión internacional para garantizar que el comercio global esté libre de explotación laboral. ⑧