Una investigación en curso reveló la existencia de una red multimillonaria de contrabando de combustibles en México. El caso involucra a altos mandos de la Marina, funcionarios aduanales y empresarios, y ya está bajo la lupa de la Fiscalía General de la República (FGR).
El exdirector de la aduana de Tampico, identificado como testigo protegido bajo el nombre clave “Santo”, comenzó a colaborar con la FGR y declaró haber permitido 14 desembarcos de buques con combustible ilegal entre abril de 2024 y enero de 2025. A cambio, recibió sobornos que suman 24.5 millones de pesos. Estas operaciones fueron coordinadas por la red conocida como Los Primos, encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Mario Alberto Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.
En marzo de 2025, un operativo encabezado por la FGR detectó al buque Challenge Procyon, cargado con más de 10 millones de litros de diésel no declarado proveniente de Texas. Este hallazgo detonó una investigación que culminó en septiembre con la detención de 14 personas: seis marinos (en activo y en retiro), empresarios y funcionarios aduanales, incluido el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Los aseguramientos se realizaron en la Ciudad de México y tres estados del país.
De acuerdo con Reuters, la red utilizaba empresas fachada, documentos falsificados y manipulación de los sistemas aduaneros para legitimar importaciones ilegales de combustible. Se estima que estas prácticas forman parte de un esquema de huachicol fiscal que genera pérdidas anuales superiores a 9,000 millones de dólares para las finanzas públicas mexicanas.
El caso también está vinculado a episodios violentos. En 2024, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue asesinado después de denunciar irregularidades en el puerto de Tampico relacionadas con el contrabando de hidrocarburos. Investigadores sostienen que su muerte podría estar conectada con la red desmantelada meses después.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó las detenciones como “el mayor golpe contra la corrupción en lo que va de su gobierno” y aseguró que la Marina y la FGR continuarán trabajando de manera conjunta para frenar este tipo de operaciones. La Fiscalía, por su parte, señaló que los bienes asegurados ya están bajo custodia y serán sujetos a procesos de extinción de dominio.
Analistas destacan que la colaboración del exdirector de la aduana abre la puerta a nuevas detenciones y a la judicialización de más implicados. El caso expone las debilidades estructurales de las aduanas mexicanas y revela la sofisticación con que operan las redes de huachicol fiscal, con conexiones que alcanzan al sector empresarial y a mandos militares. ⑧