El caso de las brigadas médicas cubanas vuelve al centro del debate público tras nuevas sanciones impulsadas por Estados Unidos. Mientras tanto, los funcionarios mexicanos que promovieron estos contratos siguen ocupando cargos clave en el gobierno.
Los contratos firmados por la administración federal y el gobierno de la Ciudad de México con la empresa estatal Servicios Médicos Cubanos S.A. durante la pandemia de COVID-19 fueron autorizados por Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud, y Oliva López, entonces secretaria de Salud de la CDMX y ahora funcionaria federal. Ambos se mantienen en sus respectivos cargos o han sido promovidos.
El monto pagado al gobierno cubano por estas brigadas médicas ascendió a cientos de millones de pesos. La empresa cubana retuvo la mayor parte del dinero, mientras que los médicos solo recibieron una fracción del pago. Esta práctica ha sido criticada por organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y observadores de la ONU, que han alertado sobre posibles violaciones a los derechos laborales y han calificado el esquema como «trabajo forzado».
El tema ha generado críticas a nivel internacional. Durante su administración anterior y en su actual mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsó sanciones contra gobiernos que utilicen programas médicos cubanos bajo condiciones consideradas coercitivas. En 2020, su gobierno colocó a Cuba en la lista negra de países que permiten la trata de personas, citando específicamente sus misiones médicas.
El actual secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha reiterado estas preocupaciones y ha señalado que los contratos como el caso de México pueden facilitar la explotación laboral encubierta bajo convenios de cooperación internacional. Fuentes del Departamento de Estado han expresado públicamente su inquietud por el uso de recursos públicos para financiar estos esquemas, especialmente cuando existen reportes de retención de pasaportes, vigilancia y limitaciones a la libertad de expresión de los médicos cubanos.
En contraste, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha defendido los acuerdos con el gobierno cubano, argumentando que se trata de una cooperación sanitaria legítima en momentos de emergencia, como ocurrió durante la pandemia. En junio pasado, declaró: «El contrato de México es legal y forma parte de un esfuerzo solidario para fortalecer el sistema de salud en momentos críticos».
Actualmente, médicos cubanos continúan operando en unidades del sistema IMSS-Bienestar y algunos hospitales de la Ciudad de México, aunque la situación se encuentra en evaluación por parte de instituciones mexicanas.
La controversia persiste, con llamados de la oposición y organizaciones civiles a transparentar el uso de recursos públicos y garantizar el respeto a los derechos laborales de todos los trabajadores de la salud, nacionales y extranjeros. ⑧