Detienen en Texas a regidor panista de Tamaulipas por fraude millonario

Bernardo Gómez Guajardo, cuarto regidor de Río Bravo, fue arrestado en Texas junto a su esposa por fraude electrónico. Enfrentan hasta 20 años de prisión.

Bernardo Gómez Guajardo, regidor panista del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, fue detenido el pasado 15 de agosto en Edinburg, Texas, acusado de participar en un esquema de fraude electrónico mediante el uso indebido de programas de ayuda financiera por la pandemia. La detención fue confirmada por autoridades federales estadounidenses y dada a conocer este 22 de agosto.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Gómez Guajardo y su esposa, Lesley Chávez, enfrentan ocho cargos relacionados con solicitudes fraudulentas de préstamos a los programas PPP (Programa de Protección de Pagos) y EIDL (Préstamo por Desastre por Daños Económicos), creados para mitigar los efectos económicos del COVID-19.

Según la acusación, la pareja —junto a otras cuatro personas— habría presentado documentación falsa para obtener fondos federales por un monto total de 685,800 dólares (aproximadamente 11.6 millones de pesos mexicanos), simulando nóminas y actividades comerciales inexistentes.

Aunque Gómez Guajardo reside en Estados Unidos, mantiene su cargo como cuarto regidor del ayuntamiento de Río Bravo por el Partido Acción Nacional (PAN), lo que ha generado cuestionamientos sobre su elegibilidad y residencia.

Las investigaciones fueron encabezadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguros de Texas. Las autoridades señalaron que los acusados podrían enfrentar hasta 20 años de prisión y multas por hasta 250,000 dólares por cada uno de los delitos imputados.

Hasta el momento, ni el PAN ni el ayuntamiento de Río Bravo han emitido un posicionamiento oficial sobre el caso.

Este arresto se suma a otros señalamientos de mal uso de recursos de ayuda por la pandemia en ambos lados de la frontera, y revive el debate sobre la supervisión de funcionarios públicos que residen fuera del país pero ostentan cargos en México. ⑧

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