El tiktoker de 25 años fue asesinado el 22 de junio durante una transmisión en vivo en Maracay, Venezuela.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el 29 de junio de 2025 la detención de Pierina Uribarri, señalada como cooperadora en el homicidio del influencer Gabriel Jesús Sarmiento.
El viernes 27 de junio, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, confirmó en su programa “Sin Truco Ni Maña” que las autoridades habían identificado y capturado a varios implicados en el homicidio, atribuyendo el crimen a grupos opositores que, según él, buscan “generar caos” en el país.
El Ministerio Público imputará a Uribarri los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y motivos fútiles, asociación agravada y terrorismo. Cargos similares se solicitarán contra dos hombres considerados autores materiales del crimen.
Gabriel Jesús Sarmiento, de 25 años, sumaba casi 80,000 seguidores en TikTok y había denunciado amenazas de Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO) y de policías supuestamente corruptos, citando a bandas como Tren de Aragua y Tren del Llano.
El asesinato, transmitido en vivo, muestra a Sarmiento implorando ayuda a la inteligencia venezolana antes de recibir múltiples impactos de bala. En el video también se ve a su madre herida por un proyectil y posteriormente hospitalizada.
La detención de Uribarri representa un avance significativo en la investigación de un crimen que ha expuesto la violencia del crimen organizado y posibles complicidades dentro de cuerpos policiales. Sin embargo, la politización del caso —reflejada en el discurso oficial sobre la “generación de hechos de violencia”— ha generado escepticismo acerca de la independencia del proceso. Organizaciones de la oposición y de derechos humanos exigen transparencia y garantías de debido proceso.
Aunque las detenciones buscan enviar un mensaje de firmeza contra la violencia, la efectividad de la investigación dependerá de la autonomía del Ministerio Público y del respeto a las garantías judiciales. La sociedad venezolana y la familia de Sarmiento esperan que se esclarezcan las posibles redes de complicidad entre bandas delictivas y funcionarios. ⑧