¿Quién es el empresario, operador político y figura central en el escándalo de Vector?
Alfonso Romo Garza (Monterrey, Nuevo León, 1950) ha sido durante décadas una figura clave en la intersección entre los negocios, la política y las finanzas en México. Su nombre, asociado con innovaciones agroindustriales y vínculos políticos de alto nivel, ha resurgido en el centro de la controversia tras las recientes sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Vector Casa de Bolsa, la institución financiera que él fundó y en la que aún mantiene participación accionaria significativa.
Romo es el principal accionista de Vector Casa de Bolsa, una de las firmas de inversión más grandes e independientes de México, con operaciones en Latinoamérica y Estados Unidos. Aunque actualmente no ocupa un cargo ejecutivo, permanece como presidente honorario del consejo y conserva control patrimonial sobre la firma. Además, encabezó Grupo Pulsar y Savia, conglomerados con inversiones en biotecnología vegetal, agronegocios y energías limpias. Su enfoque empresarial ha combinado innovación tecnológica con estrategias financieras agresivas, consolidando su fortuna, que Forbes México ha ubicado entre las más altas de la región.
Desde el año 2000, Romo ha transitado entre distintos proyectos políticos. Fue coordinador de campaña de Vicente Fox y más tarde se convirtió en uno de los principales aliados del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. En 2018 dirigió el “Proyecto de Nación” de Morena, siendo el puente entre el candidato y el empresariado. Posteriormente, ocupó la jefatura de la Oficina de la Presidencia (2018–2020) y presidió el Consejo para el Fomento a la Inversión y el Empleo.
Su rol ha sido descrito como el de un “operador técnico y estratégico” que dota de legitimidad económica a gobiernos de corte transformador, facilitando interlocución con inversionistas y mercados internacionales.
El 25 de junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC y FinCEN, sancionó a Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam Banco bajo la FEND Off Fentanyl Act y la Fentanyl Sanctions Act. Las acusaciones incluyen:
- Operaciones de lavado de dinero relacionadas con los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y de los Beltrán Leyva.
- Transferencias de fondos vinculadas a la importación de precursores químicos para fentanilo.
- Pagos que habrían facilitado sobornos a Genaro García Luna, exfuncionario de alto nivel condenado por vínculos con el narcotráfico.
- Vector fue señalada como una “primary money laundering concern”, lo que limita su acceso al sistema financiero estadounidense y le impide realizar operaciones en dólares.
En reacción a las sanciones, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordenó una intervención gerencial temporal de las tres instituciones: Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam Banco, como medida para preservar la integridad operativa, proteger a los inversionistas y mantener la estabilidad del sistema financiero mexicano. La Secretaría de Hacienda solicitó a Estados Unidos la entrega formal de evidencias que sustenten las acusaciones y reiteró que cualquier procedimiento legal en territorio nacional deberá seguir los canales institucionales establecidos.
Vector respondió rechazando todas las imputaciones, alegando cumplimiento normativo y disposición para colaborar con autoridades. Sin embargo, hasta el momento no ha aclarado públicamente si impugnará las restricciones impuestas desde el extranjero.
Aunque Romo no ha sido directamente acusado en el caso, su proximidad estructural y jurídica con Vector mantiene su nombre en el centro del debate. Para analistas financieros y especialistas en lavado de dinero, este episodio evidencia los riesgos de gobernanza y cumplimiento en entidades privadas con alto poder político.
Además, el caso plantea una interrogante crucial para el sistema financiero mexicano: ¿qué tan vulnerables son sus instituciones ante el uso ilícito de flujos globales, y hasta qué punto se ejerce una supervisión eficaz?
El caso Vector no solo pone a prueba la solidez del sistema financiero mexicano, sino también la credibilidad institucional de actores vinculados al poder económico y político. Alfonso Romo, arquitecto de una red que conecta negocios, banca e influencia política, enfrenta hoy una crisis que podría marcar un antes y un después en su legado público. El desenlace no solo definirá su futuro, sino también el de las reglas del juego para el capital privado en México. ⑧