La agencia Reuters reporta que Washington apunta a figuras del oficialismo mexicano; el gobierno de Sheinbaum responde con cautela mientras aumentan tensiones diplomáticas.
El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, está presionando a la administración de Claudia Sheinbaum para que investigue, procese y extradite a funcionarios y exfuncionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado. La demanda, revelada en un artículo publicado por la agencia Reuters, incluye incluso la amenaza de imponer aranceles si no se perciben avances concretos.
En el reporte titulado “US pushes Mexico to prosecute, extradite politicians with cartel ties”, firmado por el periodista Diego Oré y editado por Stephen Eisenhammer y Suzanne Goldenberg, Reuters cita a dos fuentes que participaron en pláticas bilaterales entre funcionarios de ambos países. Según el reportaje, se mencionaron a cinco funcionarios actuales de Morena y un exsenador, incluyendo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Esta noticia se da en el contexto de que en días recientes la visa de turista tipo B1/B2 le fuera revocada a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, luego de que a su esposo, Carlos Torres Torres, le fuera notificado de la cancelación de su visa en la garita de San Ysidro. Posteriormente, se confirmó que ambos fueron afectados por esta medida.
Al final de su conferencia semanal realizada hoy miércoles 11 de junio, la gobernadora negó cualquier relación con grupos del crimen organizado, en referencia directa a la publicación de Reuters. Calificó los señalamientos como «ataques sin fundamento» y aseguró que no ha sido notificada de ninguna investigación. Reiteró su disposición a colaborar con las autoridades en caso de ser requerida.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negó que exista presión formal por parte del gobierno de Estados Unidos para que México procese a políticos vinculados con cárteles. La dependencia sostuvo que las relaciones bilaterales en materia de seguridad se mantienen en un marco de respeto y cooperación.
El gobierno federal mexicano ha evitado confrontar directamente a Washington. Claudia Sheinbaum ha mantenido un tono prudente, privilegiando la cooperación bilateral, pero sin ceder a exigencias que puedan vulnerar la soberanía nacional. Voceros de Palacio Nacional han reiterado que cualquier investigación se hará con apego a la ley y sin motivaciones políticas.
La presión ocurre en un contexto de renovada tensión bilateral, en el que la estrategia antinarco estadounidense se vuelve más agresiva y apunta no solo a cárteles, sino a presuntos cómplices dentro del aparato político mexicano, incluidos funcionarios del gobierno de Morena. Analistas advierten que la situación podría escalar si se combina con medidas comerciales unilaterales por parte de Washington.
El dilema para el gobierno de México es doble: por un lado, mantener una relación funcional con su principal socio comercial; por el otro, evitar que acusaciones sin pruebas se conviertan en herramientas de presión política o diplomática. La decisión sobre si se investigan o extraditan a personajes señalados podría marcar el tono de la relación bilateral en los próximos años. ⑧