En medio de redadas, discursos polarizantes y reformas inconclusas, el trato a migrantes en EE. UU. vuelve a poner en tensión la legalidad y la dignidad humana.
Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el tema migratorio ha ocupado un lugar central en su agenda política y mediática. Su discurso ha sido contundente: «mano dura» contra los llamados «illegal aliens» (extranjeros ilegales), una expresión que, lejos de fomentar un diálogo justo y humano, deshumaniza a millones de personas cuyo único «delito» ha sido buscar una mejor calidad de vida.
Si bien es innegable que todo país tiene el derecho soberano de controlar sus fronteras y aplicar su legislación migratoria, también es cierto que esta prerrogativa debe ejercerse con apego irrestricto a la ley, al debido proceso y al respeto de los derechos humanos.
Las deportaciones de personas en situación migratoria irregular no son nuevas; sin embargo, lo alarmante en esta etapa ha sido la creciente ola de detenciones arbitrarias y deportaciones expeditas, muchas de ellas con indicios de ilegalidad. Diversos medios de comunicación han documentado casos de personas con residencia legal, visas temporales válidas o trámites migratorios en curso que han sido detenidas y, en algunos casos, expulsadas del país sin el debido respeto al proceso legal que les corresponde. Este tipo de acciones no sólo contravienen la legislación estadounidense, sino que vulneran principios básicos del derecho internacional.
Es necesario reconocer que existe un problema de fondo: millones de personas viven en Estados Unidos sin un estatus migratorio autorizado. Esta situación genera incertidumbre tanto para las autoridades como para las propias personas migrantes. La regularización migratoria debe ser una prioridad, no como un acto de concesión política, sino como una estrategia racional y humanitaria que permita garantizar la seguridad, el orden y los derechos fundamentales de todos los habitantes del país, sin importar su nacionalidad o condición legal.
Sin embargo, la aplicación de políticas migratorias extremas, las redadas sin distinción, el perfilamiento racial y las detenciones sin fundamento jurídico son prácticas inaceptables. No se puede justificar una «cacería» indiscriminada de personas en nombre de la seguridad nacional. La ley debe aplicarse, sí, pero no al margen de la legalidad misma.
En este contexto, es indispensable reconocer públicamente el trabajo incansable de los consulados y embajadas acreditadas en Estados Unidos, en particular los 53 consulados de México, cuya labor se ha intensificado de manera extraordinaria. Más allá de los servicios cotidianos —apostillas, expedición de pasaportes, matrículas consulares y poderes notariales—, sus equipos han enfrentado una creciente demanda de asistencia legal, humanitaria, médica y protección consular para personas detenidas y en proceso de deportación.
El personal consular se ha convertido en la primera línea de defensa legal y humanitaria para miles de personas que, muchas veces, ni siquiera saben por qué han sido detenidas. Su labor, que con frecuencia ocurre en condiciones difíciles y bajo presión, es un ejemplo de diplomacia activa al servicio de la dignidad humana.
Claro y de Frente
Hoy más que nunca, es momento de alzar la voz por una política migratoria que respete las leyes, sí, pero también la justicia. Estados Unidos tiene derecho a regularizar y proteger sus fronteras; sin embargo, no debe olvidar que es una nación forjada históricamente por migrantes. No puede —ni debe— traicionar su propia historia y sus principios fundamentales. ⑧
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