Asesinan a secretaria particular de Clara Brugada, en un ataque directo en Ciudad de México

La funcionaria y un asesor fueron asesinados a tiros en la alcaldía Benito Juárez. La Fiscalía ya investiga el caso como una agresión directa.

En la mañana de hoy lunes 20 de mayo de 2025, Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fue asesinada junto con el asesor José Muñoz, en un ataque armado perpetrado en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez.

Según reportes oficiales, el vehículo en el que viajaban ambas víctimas fue interceptado por dos personas a bordo de una motocicleta sobre Calzada de Tlalpan. Los agresores abrieron fuego directamente contra el automóvil y posteriormente huyeron del lugar. Las autoridades lo calificaron como un ataque directo.

Ximena Guzmán, de 42 años, era socióloga egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y contaba con una maestría en Sociología por la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de París. Su trayectoria en el servicio público incluyó responsabilidades en las alcaldías de Iztapalapa y Miguel Hidalgo, así como en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó el ataque a través de redes sociales, donde expresó su consternación y solidaridad con las familias de las víctimas. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum también lamentó los hechos y aseguró que el gobierno colaborará con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y detener a los responsables.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ha iniciado una investigación formal para determinar el móvil del ataque. Se están analizando las cámaras de videovigilancia del área y se han desplegado operativos para dar con los responsables. Hasta ahora, no se ha confirmado si hay alguna línea de investigación relacionada con su labor gubernamental.

El caso ha generado reacciones en distintos niveles del gobierno capitalino y federal, así como entre organizaciones civiles, que exigen justicia y garantías para los servidores públicos. ⑧

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