México enfrenta una crisis humanitaria con más de 120,000 personas desaparecidas. La respuesta del Estado ha sido negación y descalificación, mientras las familias siguen buscando justicia.
En México, las cifras de personas desaparecidas han superado los 120,000 casos, según datos oficiales. Sin embargo, esta tragedia no ha motivado una respuesta contundente por parte del Estado. Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador en 2018, la promesa de pacificación y justicia quedó enterrada entre fosas clandestinas y expedientes olvidados. Durante su administración, se registraron más de 50,000 desapariciones . Ahora, bajo el mandato de Claudia Sheinbaum, la historia no solo se repite, sino que se profundiza.
El nuevo gobierno federal ha mostrado continuidad no solo en política, sino también en la negación, la opacidad y la incapacidad de reconocer que México vive una crisis humanitaria. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU ha emitido un informe contundente que señala que las desapariciones en México son «sistemáticas y generalizadas», con más de 127,000 personas no localizadas y una crisis forense con 72,000 cuerpos sin identificar.
En lugar de asumir la crítica y comprometerse con la mejora, el gobierno respondió con descalificaciones. La presidenta Sheinbaum calificó el informe de la ONU como injusto y desinformado, insinuando motivaciones políticas. Desde Palacio Nacional, se ha dejado claro que cualquier organismo nacional o internacional que incomode es considerado enemigo. Esta reacción recuerda a las respuestas de gobiernos como los de Venezuela, Irán o Cuba, que descalifican toda observación externa como injerencia.
México no es una isla. La comunidad internacional observa. Cuando la ONU señala al Estado mexicano por encubrir cifras, obstaculizar el acceso a la información y dejar solas a las víctimas, lo mínimo que se esperaría es una autocrítica, no una embestida diplomática.
Lo más doloroso es que este desencuentro con la ONU ocurre mientras madres buscadoras recorren desiertos, colectivos de derechos humanos reciben amenazas, y los registros de personas desaparecidas se modifican sin explicación clara, en un intento evidente por reducir el impacto mediático de una tragedia que ya no puede ocultarse.
El nuevo gobierno prefiere hablar de “revisión metodológica” antes que de crisis humanitaria, reducir los números antes que aumentar la capacidad de búsqueda, y defender una narrativa que ya no se sostiene.
Claro y de Frente
Los desaparecidos no son estadísticas. Son personas. Y también lo son sus familias, que no han dejado de buscar ni un solo día. El informe de la ONU fue, en muchos sentidos, una validación del dolor que se ha querido silenciar. Y por eso dolió tanto en el gobierno: porque evidenció el fracaso de una estrategia de seguridad basada en abrazos que terminó siendo puro vacío.
Mientras tanto, la realidad no se detiene. La violencia sigue, las desapariciones continúan, y la esperanza de justicia se desvanece. Lo que queda, una vez más, es la simulación: el Estado simula que busca, simula que escucha, simula que responde.
En ese teatro, las desapariciones no son un problema de percepción ni de narrativa, como busca desesperadamente justificar este gobierno. Son una tragedia nacional que debería sacudirnos cada día. Pero mientras el gobierno insista en responder con soberbia y no con acciones, las madres seguirán buscando en los campos, las familias seguirán marchando con fotografías al pecho, y nosotros, la sociedad civil, tranquilamente indignados en la comodidad de nuestros hogares. ¿Hasta cuándo vamos a despertar y tomar acción? ¿Cuántas columnas con rabia deben escribirse porque nos niegan el derecho más básico: saber dónde están los nuestros?
La comunidad internacional ya tomó nota. Ahora toca a México decidir si sigue negando lo evidente o si, de una vez por todas, se atreve a mirar de frente su tragedia más lacerante.
Y ahora ya no solo lo sabemos nosotros. Ya lo sabe el mundo. 🎱
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