Prometido como motor de desarrollo, el Tren Maya ha dejado una estela de daño ambiental, controversia legal y promesas sin cumplir. Esta es su verdadera factura.
El Tren Maya fue uno de los primeros proyectos anunciados por el presidente Andrés Manuel López Obrador tras asumir el cargo el 1 de diciembre de 2018. Su presentación incluyó un acto simbólico con representantes de pueblos originarios, en una ceremonia tradicional a la “madre tierra”, destacando el tono populista del evento. Este acto buscaba reforzar el nacionalismo y la conexión con los pueblos originarios de México.
El proyecto fue diseñado para abarcar los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, y su construcción comenzó en 2020. Desde sus inicios, el tren planteó preocupaciones sobre una posible devastación ecológica y una serie de violaciones constitucionales que afectarían directamente a las comunidades indígenas y rurales. Organizaciones ambientales y de derechos humanos como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace, Indignación A.C. y Sélvame del Tren denunciaron los graves impactos ecológicos y violaciones a los derechos de comunidades indígenas.
Bajo la insignia del estilo de gobernanza de Morena, el proyecto fue impulsado sin una consulta libre, previa e informada, lo que contraviene el artículo 2º de la Constitución Mexicana y diversos tratados internacionales a los que México está suscrito. Las comunidades afectadas denunciaron en múltiples ocasiones que sus voces fueron ignoradas y que las consultas se llevaron a cabo de forma simulada, sin respetar los principios de autodeterminación y participación efectiva.
Las violaciones a los derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas vecinos de donde se trazó la ruta del Tren Maya fueron evidentes. También se incumplieron diversas disposiciones, lineamientos y protocolos ambientales que debieron seguirse para minimizar los riesgos e impactos ecológicos. Desde la óptica legal, el proyecto fue acusado de transgredir la Constitución, tratados internacionales y múltiples leyes ambientales, lo que derivó en varios juicios de amparo y suspensiones emitidas por jueces federales. No obstante, el gobierno persistió en la ejecución del proyecto, a pesar de estas resoluciones judiciales.
Finalmente, en enero de 2024, a seis meses de concluir el sexenio de López Obrador, se inauguró la primera sección del Tren Maya, con el resto de las rutas abriéndose progresivamente durante ese año, pese a las críticas legales y sociales.
Crónica de una muerte anunciada
Las consecuencias y devastaciones ambientales debido a la apresurada planeación y mala ejecución del proyecto fueron catastróficas. Los estragos incluyen la tala y deforestación de la selva, contaminación y afectaciones a los pueblos indígenas. El Tren Maya, hasta la fecha, no genera los ingresos esperados para que, al menos financieramente, fuera una medalla que pudiera colgarse el ahora exmandatario del régimen del bienestar.
Lamentablemente, hoy tenemos otro proyecto de Morena fallido, que se suma al Aeropuerto de Texcoco y la Refinería de Dos Bocas, con consecuencias devastadoras al medio ambiente. Estos impactos han sido tan difíciles de evadir que, recientemente, la propia Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezada por Alicia Bárcena, reconoció públicamente los daños ambientales ocasionados por la construcción del Tren Maya. Ahora, los recursos y esfuerzos de la secretaría supuestamente serán encaminados a intentar restaurar, subsanar, corregir y restablecer todas las afectaciones ambientales realizadas, mediante trabajos de reforestación y regeneración de selvas y manglares degradados, así como la creación de áreas naturales protegidas en sistemas de cuevas y cenotes afectados por el proyecto. Sin embargo, estas declaraciones se hicieron sin establecer fechas, plazos ni detalles presupuestales para implementar las acciones, lo que genera escepticismo sobre su cumplimiento.
Claro y de Frente
En términos ambientales, las advertencias fueron claras: el Tren Maya fragmentaría ecosistemas vitales, pondría en riesgo especies endémicas y dañaría de forma irreversible el suelo kárstico de la península de Yucatán. Estas advertencias se hicieron realidad. La deforestación masiva, la contaminación de cenotes y acuíferos, así como la destrucción de cavernas subterráneas, evidenciaron una planeación deficiente y una ejecución irresponsable. Incluso tramos que fueron inaugurados con bombo y platillo quedaron inoperativos días después, revelando fallas técnicas y logísticas graves.
Las consecuencias reales del proyecto han sido devastadoras: desplazamiento de comunidades, pérdida de medios de vida, criminalización de defensores del medio ambiente, sobrecostos millonarios que afectaron el erario y un sistema ferroviario que, a pesar de una enorme inversión, no cumple con las expectativas ni de movilidad ni de sostenibilidad. El Tren Maya no solo fracasó como proyecto de infraestructura, sino que además se convirtió en un símbolo de cómo el desarrollo mal entendido puede destruir lo que se pretende salvar. 🎱
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