La iniciativa presentada por Claudia Sheinbaum para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha desatado un amplio debate público por el alcance de sus disposiciones y su posible impacto en la libertad de expresión, el acceso a la información y la privacidad digital en el país.
La propuesta enviada por el Poder Ejecutivo al Senado plantea, entre otros puntos:
- Prohibir la transmisión de propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros en medios mexicanos, incluyendo plataformas digitales. Se contemplan excepciones únicamente para fines culturales o turísticos.
- Establecer multas de entre el 2% y 5% de los ingresos anuales a concesionarios que difundan ese tipo de contenidos sin autorización.
- Crear la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), un nuevo órgano que asumiría funciones actualmente desempeñadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), extinguido en una reforma constitucional previa.
- Permitir al Estado intervenir en la infraestructura de telecomunicaciones en casos de amenazas a la seguridad nacional o alteraciones del orden público, sin definir claramente estos conceptos.
- Facultar a la ATDT para ordenar el bloqueo de plataformas digitales que incumplan las disposiciones de la ley.
- Establecer un registro nacional de usuarios del servicio móvil, propuesta similar al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, declarado inconstitucional por la Suprema Corte en 2022 por riesgos a la privacidad.
Diversos sectores han manifestado preocupaciones sobre el impacto de la reforma. Organizaciones civiles como Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advierten que algunas disposiciones podrían facilitar la censura o el control estatal de contenidos, además de vulnerar derechos digitales como la privacidad.
Empresarios y representantes del sector telecomunicaciones han calificado como excesivas las sanciones económicas propuestas y han señalado la concentración de facultades en un solo órgano como una posible fuente de discrecionalidad.
Ante las críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que está dispuesta a revisar o incluso retirar los artículos más controvertidos, particularmente el artículo 109, que ha sido señalado como un posible instrumento para bloquear contenidos digitales.
Asimismo, el Senado informó que pospondrá la discusión formal de la ley para llevar a cabo una serie de conversatorios públicos con expertos, sociedad civil y medios, aunque no se ha confirmado aún si estos foros tendrán carácter vinculante.
La reforma no será discutida en el actual periodo ordinario de sesiones, pero se prevé su posible tratamiento en un periodo extraordinario. En este contexto, diversos actores han solicitado que el debate se amplíe a un parlamento abierto con participación plural y transparente. 🎱